En la creciente lucha global por la conservación de la biodiversidad encontramos instrumentos que marcan avances significativos, este es el caso del reciente Marco Mundial Kunming-Montreal el cual representa un punto de inflexión importante en esta lucha.

Adoptado en diciembre de 2022 durante la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP 15), este acuerdo tiene por objeto reforzar los compromisos internacionales que abordan la crisis de pérdida de biodiversidad, y establece para ello una serie de metas alineadas con la sostenibilidad y una gestión más adecuada de los recursos naturales.

Importancia de la Cooperación entre países

El derecho ambiental proporciona un marco jurídico que regula el uso de los recursos naturales mientras garantiza la protección de los ecosistemas, sin embargo, integrar estos objetivos ambientales en otros sectores (como el económico o el de salud) continúa siendo un reto.

La importancia de la cooperación internacional para superar estos retos se refleja dentro del contenido del Marco Kunming-Montreal, al reconocer la interdependencia que existe entre la biodiversidad y la salud humana, donde se ha buscado equilibrar la protección de los ecosistemas con las necesidades humanas del presente (enfoque “una sola salud”).

Así, el Marco establece 23 metas “a corto plazo” para el año 2030, diseñadas para reducir las amenazas a la biodiversidad, mejorar la gestión sostenible de los recursos y asegurar la participación justa sobre los beneficios derivados de los recursos genéticos, como en el caso de los pueblos indígenas, donde los países firmantes deberán garantizar su participación en la toma de decisiones.

Además de la conservación, la justicia social y la equidad

De este modo, vemos como el Marco Kunming-Montreal y su contenido refuerzan la idea de que la sostenibilidad va más allá de la sola conservación de la naturaleza, de aquí la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como custodios de la biodiversidad, donde su participación es crucial como estrategia efectiva de conservación, además de un respeto a este derecho humano. Estos conocimientos tradicionales han demostrado ser herramientas de muchísimo valor para la gestión sostenible de la biodiversidad que permite nuestra existencia.

En este sentido, el Marco Mundial Kunming-Montreal no se limita solo a un enfoque ecológico de acción, sino aboga por la sostenibilidad económica promoviendo un uso eficiente de los recursos naturales, así como de la creación de incentivos financieros ligados a estos. Por ello, para el año 2030 se propone eliminar gradualmente los subsidios perjudiciales para la biodiversidad y aumentar los recursos económicos destinados a la conservación.

Estrategias innovadoras como el pago por servicios ambientales o ecosistémicos y bonos verdes, generar beneficios ambientales, sociales y económicos igualmente, por ello el acceso a recursos financieros adecuados y la movilización de fondos es algo significativo para las naciones aún en desarrollo. Sin embargo, el trabajo en el fortalecimiento de capacidades y la incidencia en la voluntad política son de enorme importancia para alcanzar estos beneficios.

 

 

Más que un ideal, un imperativo para el bienestar de generaciones futuras

 El éxito de un Marco como este dependerá de nuestras capacidades como sociedad para traducir los principios mencionados en acciones concretas y efectivas. Por ello, la implementación de este acuerdo debe acompañarse de estrategias educativas y concientización política.

Es necesaria una sensibilización sobre los beneficios de la biodiversidad y la necesidad de conservarla por medio de cambios en nuestro comportamiento social, trabajando de forma consciente en “la educación transformadora” lo que es señalado como un principio del proprio acuerdo, y esta educación promoverá no sólo un aprendizaje continuo que reconoce la importancia de los distintos sistemas de saberes o conocimientos, sino un aprendizaje con la incorporación de saberes,  conocimientos o tradiciones de las comunidades indígenas.

Por lo anterior, el Marco introduce mecanismos de responsabilidad y transparencia para asegurar que las naciones firmantes cumplan con los compromisos adquiridos mediante informes periódicos, evaluaciones entre pares y mecanismos de seguimiento global y monitoreo de procesos. Esta estructura de rendición de cuentas refuerza el trabajo entre actores internacionales, con metas de incrementar esta cooperación a mediano y largo plazo.

En conclusión, este Marco nos ofrece una oportunidad para rediseñar, como sociedades, nuestra relación humana con la naturaleza, los conocimientos tradicionales y el equilibrio entre los saberes ancestrales y la salud humana. Con metas claras para el año 2030 y 2050, este instrumento aspira no sólo a detener la pérdida de biodiversidad sino a promover la sostenibilidad en todos los niveles sociales y de gobierno.

 

Escrito por Alexander Brewster R, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

 

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada. 

 

 

 

 

 

 

 El 29 de agosto de 2024 se llevó a cabo la sesión virtual sobre “Las reformas para fortalecer e incentivar la conservación voluntaria en el Estado de Sonora”, organizado por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sonora (CEDES), el “Proyecto Bioconnect” de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Universidad del Medio Ambiente (UMA), y Wildlands Network. El objetivo de este foro fue dar conocer los alcances de dichas reformas, las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el pasado 1 de julio de 2024.

Durante la bienvenida a este foro participaron Karla Barclay, Responsable de Equipo de Proyecto para temas de Agricultura, Biodiversidad, Desarrollo Rural y Océanos de la AFD, la Diputada Lirio Anahí Del Castillo Salazar, Presidenta de la Comisión de Energía y Medio Ambiente del Congreso del Estado de Sonora, y la Mtra. Diana Karen Durazo Ruíz, encargada de despacho de la CEDES.

En primer término, Karla Barclay destacó que el objetivo general del Proyecto Bioconnect es integrar esfuerzos para contribuir al desarrollo de una política nacional de conectividad ecológica y manejo integrado del paisaje, y que para su segunda fase se buscará lograrlo desde los gobiernos subnacionales.

Para ello, uno de sus objetivos específicos comprende el fortalecimiento de las bases jurídicas que permitan la aplicación de instrumentos, para lo cual se apoyó la formulación de un modelo con propuestas de reformas al marco jurídico vigente en las entidades federativas, y que dichas propuestas se inspiraron en diferentes iniciativas presentadas en diversos congresos estatales, como fue el caso de la iniciativa para fortalecer e incentivar la conservación voluntaria en Sonora, presentada el 1 de junio de 2021 por el entonces diputado Luis Mario Rivera Aguilar.

 

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC)

Con base en el objetivo de dicha iniciativa, en los últimos dos años Bioconnect ha estado apoyando a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora (CEDES), con inversiones encaminadas a fortalecer sus capacidades para la aplicación de estas reformas, que incluyeron la elaboración y suscripción de un contrato constitutivo del Derecho Real de Conservación en un predio certificado como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en el estado. Sin embargo, para continuar con el establecimiento de las condiciones habilitantes para la aplicación de estas reformas, estaremos analizando con la CEDES apoyarla con la implementación de la reducción al impuesto predial en predios certificados como ADVC o como Áreas de Conservación (AC), y cuyos propietarios hayan suscrito contratos del Derecho Real de Conservación, iniciar la operación del Fondo Ambiental Estatal, especialmente para financiar el reconocimiento, la preservación, conservación y restauración de AC o de ADVC, incluyendo las fuentes de los recursos, o la elaboración del manual para el uso del sello que pueda ser ostentado en productos generados o servicios prestados de manera sustentable, dentro de las ANP de competencia estatal o en los predios certificados como AC, así como para el diseño de dicho distintivo.

 

 

 

Créditos de imagen: Presentación Mario Castañeda Rojas.

 

Por su parte, la Diputada Lirio Anahí Del Castillo Salazar agradeció tanto a la CEDES como a Wildlands Network por el apoyo para la elaboración de estas reformas, las cuales son vitales para incentivar la conservación voluntaria de la biodiversidad presente en Sonora. Finalmente, destacó la importancia de este evento virtual para dar a conocer estas reformas y, en su caso, replicarlas en otros estados de México.

Finalmente, la Mtra. Diana Karen Durazo Ruíz resaltó el carácter horizontal del proceso de elaboración de estas reformas, ya que en él participaron diferentes actores y sectores. Asimismo, señaló que estas reformas son sumamente importantes para el Gobierno de Sonora, ya que le permitirán contribuir con el cumplimiento de la Meta 3 del Marco Mundial para la Biodiversidad.

Conferencia magistral sobre “Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación” (ADVC)

A continuación, Mario Castañeda Rojas, Director de Evaluación y Seguimiento, y Pavel Palacios Chávez, Director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, ambos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), impartieron una conferencia magistral sobre “Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación” (ADVC). Cabe destacar la importancia de las ADVC, ya que las reformas materia de este foro tomaron como punto de partida a dichas iniciativas de conservación voluntaria de propietarios, principalmente privados, reconocidas en el estado de Sonora. Durante esta conferencia magistral los ponentes destacaron que:

1. Las ADVC son diseñadas y administradas por sus propietarios (pudiendo ser propiedad pública, social o privada), siendo reconocidas por la CONANP como Áreas Naturales Protegidas federales;
2. Las ADVC permiten salvaguardan la biodiversidad, favorecen la conectividad ecológica, ordenan el territorio, permiten el desarrollo de actividades productivas, fortalecen la gobernanza y son participativas;
3. Las ADVC otorgan protección adicional frente a proyectos y obras, principalmente de exploración y explotación minera o de hidrocarburos, y
4. Sonora cuenta con 12 predios privados certificados por la CONANP como ADVC, con una superficie total de 57,136.74 ha.

 

Al terminar con la conferencia magistral, inició el panel en el que se presentaron diferentes aspectos de estas reformas.

Modelo con propuestas de reformas a los marcos jurídicos de las entidades federativas del Proyecto Bioconnect

En primera instancia, Cristina Padma Sánchez Juárez Heres, Directora del Área de Derecho Ambiental y Política Pública de la UMA, presentó el modelo con propuestas de reformas a los marcos jurídicos de las entidades federativas del Proyecto Bioconnect, enfocado en el caso de Sonora.

 

Siguiendo con el desarrollo del panel, a continuación, Norma Cruz Molina, Directora General de Conservación de la CEDES, presentó sobre la aplicación de las reformas para fortalecer e incentivar la conservación voluntaria en Sonora.

Finalmente, Carlos Castillo, Co-Director del Programa Noroeste de México de Wildlands Network, presentó sobre el potencial de las reformas para fortalecer e incentivar la conservación voluntaria en el Estado de Sonora y cumplir la Meta 3 del Marco Mundial para la Biodiversidad.

En la sección de preguntas y respuestas:

1. Karla Barclay preguntó sobre la posibilidad de certificar ADVC a perpetuidad, a lo cual Mario Castañeda, de la CONANP, respondió que existen aproximadamente 36 ADVC a nivel nacional que tienen la vigencia a “Perpetuidad”, sin embargo, desde el 2007 ya no se considera esa vigencia de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en donde establece que los tramites federales establecerán un plazo máximo de 99 años;
2. Pedro Nava preguntó si para la gobernanza de las ADVC sería viable establecer consejos estatales de ADVC, que integren a propietarios de predios certificados tanto por la CONANP como por autoridades estatales. A esto, Roberto de la Maza comentó que, a través de una inversión del Proyecto Bioconnect, relativa al “Proyecto piloto para el desarrollo de una metodología para la evaluación voluntaria de la efectividad de manejo de las ADVC”, se destacó la importancia de la conformación de redes de propietarios de ADVC, para el intercambio de experiencias, fortalecimiento de capacidades locales y fomento de innovaciones y eventos, por lo que sería oportuno apoyar la conformación de este tipo de grupos a nivel estatal y/o regional;
3. Karla Barclay preguntó si la constitución del DRC puede ser a perpetuidad, a lo cual Abril Morales, de la CEDES, respondió que una de las características de este derecho real es que su duración es indeterminada, la cual será definida por las partes en el contrato constitutivo correspondiente, por lo que sí es posible que acuerden que su vigencia sea a perpetuidad. Uno de los muchos beneficios del DRC es que, al ser un contrato bilateral, se puede establecer lo que las partes decidan, siempre y cuando sea legal y posible. Los únicos casos en los que realmente hay condiciones o limitantes, es para efectos de recibir los incentivos;
4. Leticia Manzanera preguntó si los contratos de DRC podían ser rescindidos, a lo cual Abril Morales, de la CEDES, respondió que lo que se busca es dar mayor certidumbre respecto al compromiso de conservación de los predios, y que la terminación únicamente podía darse por acuerdo mutuo de las partes o por la conclusión de su vigencia;
5. Pedro Nava preguntó si sería viable equiparar, a nivel nacional, los certificados de las ADVC federales con los emitidos por las autoridades estatales. A esto, Roberto de la Maza comentó que vale la pena que las entidades federativas tomen en cuenta la experiencia de Sonora en el fortalecimiento de las AC, para que cuenten con un plazo mínimo de vigencia de 25 años, con lo cual se establece un propósito de conservación más largo que el que está previsto para las ADVC de competencia de la CONANP, que es de 15 años. De esta forma, desde el nivel local se promueve la adopción voluntaria de mayores niveles de conservación de la biodiversidad, se distinguen de las ADVC, al ir más allá de estas, y se buscan compromisos de conservación a largo plazo para las áreas bajo protección privada, tal como sugieren los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Entre las conclusiones del foro destacaron las siguientes:

1. En materia de fortalecimiento de las ADVC, es necesario: a) Crear instrumentos financieros para apoyar a sus habitantes, y fortalecer sinergias entre los 3 órdenes de gobierno y los sectores público, social y privado, para favorecer estas iniciativas voluntarias, y b) Fortalecer acciones de monitoreo y vigilancia comunitaria.
2. Para lograr su objetivo, a través de Bioconnect se formularon propuestas de reformas a los marcos jurídicos nacional, estatales o municipales, para diversificar o fortalecer la cartera de instrumentos que favorezcan la política nacional de manejo integrado del paisaje;
3. El manejo integrado del paisaje es un concepto que integra tanto la gestión como el ordenamiento del territorio, para asegurar la conservación, el aprovechamiento sustentable y, en su caso, la restauración de los elementos y procesos naturales, para contar con un territorio ecológicamente conectado, sano y resiliente;
4. Muchos de los instrumentos identificados por Bioconnect constituyen potenciales “Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área” (OMEC), por lo que contribuyen al cumplimiento de la Meta 3;
5. Estas reformas son integrales, ya que no solo promueven la conservación voluntaria de forma declarativa, sino que se establecen instrumentos jurídicos, fiscales, financieros y de mercado apropiados para incentivar y dar certeza a su adopción por parte de las personas interesadas;
6. Además, permiten que todas las personas asuman su corresponsabilidad respecto a los mandatos constitucionales de sustentabilidad y de la función ecológica de la propiedad y, con ello, contribuir con el cumplimiento de la Meta 3;
7. Lo deseable es que este tipo de reformas sean adaptadas y replicadas en otras entidades federativas, para ir ampliando el logro de su objetivo;
8. Sonora fue pionero en el establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas (ANP);
9. Actualmente Sonora cuenta con 1,928,304.64 de ha protegidas (10.68 %), de las cuales 2.6 % corresponden a ADVC;
10. Estas reformas permiten incentivar la conservación voluntaria de predios, mediante el fortalecimiento de las Áreas de Conservación (AC), la creación o fortalecimiento de instrumentos económicos fiscales, financieros o de mercado, y la creación del Derecho Real de Conservación (DRC);
11. Con estas reformas, mediante las iniciativas de conservación voluntaria los propietarios de predios pueden contribuir con el cumplimiento de la Meta 3;
12. Sin embargo, es recomendable incorporar los conceptos de conectividad ecológica y manejo integrado del paisaje, así como los corredores biológicos, en la legislación estatal;
13. Desde hace 2 años el Gobierno de Sonora, a través de la CEDES, impulsó la publicación de estas reformas;
14. El 1 de julio de 2024 fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado;
15. Dichas reformas incluyen el Derecho Real de Conservación (DRC), a través del cual los propietarios podrán dar protección adicional del patrimonio natural de sus predios, mediante la suscripción del contrato constitutivo con un tercero (de preferencia con asociaciones civiles sin fines de lucro);
16. A modo de incentivo, la reforma faculta a los Ayuntamientos para decidir si aplican una reducción diferenciada al impuesto predial, a los contribuyentes que sean propietarios de predios certificados como Áreas de Conservación (AC) o ADVC. Dicha reducción puede ir desde el 20% hasta el 80%, dependiendo del compromiso temporal y espacial de conservación de cada propietario;
17. Con el apoyo de Bioconnect, la CEDES actualmente se cuenta con:

a) Un formato de contrato constitutivo del DRC;

b) Los lineamientos para la certificación de AC;

c) El formato e instructivo de llenado de la solicitud de certificación de AC, así como de certificado;

d) Materiales de divulgación de las AC, y

e) Propuestas de reformas complementarias para fortalecer a las AC.

18. Para continuar con la implementación de estas reformas, se recomienda llevar a cabo:

a) La firma de los contratos constitutivos del DRC entre los propietarios del ADVC “Parque la Colorada” y de la “Reserva Jaguar del Norte”, con Naturaleza y Cultura Sierra Madre, A.C.;

b) Las gestiones con algún municipio de Sonora, de preferencia el de Álamos y/o Sahuaripa, para implementar la reducción diferenciada al impuesto predial;

c) Un estudio para iniciar la operación del Fondo Ambiental Estatal, especialmente para financiar el reconocimiento, la preservación, conservación y restauración de AC o de ADVC, incluyendo las fuentes de los recursos, y

d) Un proyecto para la elaboración del manual para el uso del sello que pueda ser ostentado en productos generados o servicios prestados de manera sustentable, dentro de las ANP de competencia estatal o en los predios certificados como AC, así como para el diseño de dicho distintivo.

Clausura

En la clausura del foro participaron Roberto de la Maza Hernández, facilitador del Proyecto Bioconnect, y la Diputada Karen Castrejón Trujillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta última destacó que los procesos legislativos participativos, emprendidos desde los congresos, tanto federal como locales, son una herramienta que permite construir instrumentos de política ambiental novedosos que fortalezcan la política nacional de conectividad ecológica y manejo integrado del paisaje, sirviendo de experiencia para otros poderes legislativos.

Finalmente, Carlos Castillo, Co-Director del Programa Noroeste de México de Wildlands Network, presentó sobre el potencial de las reformas para fortalecer e incentivar la conservación voluntaria en el Estado de Sonora y cumplir la Meta 3 del Marco Mundial para la Biodiversidad.

Si deseas ver la grabación del foro da clic aquí .

 

ALGUNAS CONCLUSIONES

Entre las conclusiones del foro destacaron las siguientes:

1. En materia de fortalecimiento de las ADVC, es necesario:

a) Crear instrumentos financieros para apoyar a sus habitantes, y fortalecer sinergias entre los 3 órdenes de gobierno y los sectores público, social y privado, para favorecer estas iniciativas voluntarias, y

b) Fortalecer acciones de monitoreo y vigilancia comunitaria.

2. Para lograr su objetivo, a través de Bioconnect se formularon propuestas de reformas a los marcos jurídicos nacional, estatales o municipales, para diversificar o fortalecer la cartera de instrumentos que favorezcan la política nacional de manejo integrado del paisaje;
3. El manejo integrado del paisaje es un concepto que integra tanto la gestión como el ordenamiento del territorio, para asegurar la conservación, el aprovechamiento sustentable y, en su caso, la restauración de los elementos y procesos naturales, para contar con un territorio ecológicamente conectado, sano y resiliente;
4. Muchos de los instrumentos identificados por Bioconnect constituyen potenciales “Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área” (OMEC), por lo que contribuyen al cumplimiento de la Meta 3;
5. Estas reformas son integrales, ya que no solo promueven la conservación voluntaria de forma declarativa, sino que se establecen instrumentos jurídicos, fiscales, financieros y de mercado apropiados para incentivar y dar certeza a su adopción por parte de las personas interesadas;
6. Además, permiten que todas las personas asuman su corresponsabilidad respecto a los mandatos constitucionales de sustentabilidad y de la función ecológica de la propiedad y, con ello, contribuir con el cumplimiento de la Meta 3;
7. Lo deseable es que este tipo de reformas sean adaptadas y replicadas en otras entidades federativas, para ir ampliando el logro de su objetivo;
8. Sonora fue pionero en el establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas (ANP);
9. Actualmente Sonora cuenta con 1,928,304.64 de ha protegidas (10.68 %), de las cuales 2.6 % corresponden a ADVC;
10. Estas reformas permiten incentivar la conservación voluntaria de predios, mediante el fortalecimiento de las Áreas de Conservación (AC), la creación o fortalecimiento de instrumentos económicos fiscales, financieros o de mercado, y la creación del Derecho Real de Conservación (DRC);
11. Con estas reformas, mediante las iniciativas de conservación voluntaria los propietarios de predios pueden contribuir con el cumplimiento de la Meta 3;
12. Sin embargo, es recomendable incorporar los conceptos de conectividad ecológica y manejo integrado del paisaje, así como los corredores biológicos, en la legislación estatal;
13. Desde hace 2 años el Gobierno de Sonora, a través de la CEDES, impulsó la publicación de estas reformas;
14. El 1 de julio de 2024 fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado;
15. Dichas reformas incluyen el Derecho Real de Conservación (DRC), a través del cual los propietarios podrán dar protección adicional del patrimonio natural de sus predios, mediante la suscripción del contrato constitutivo con un tercero (de preferencia con asociaciones civiles sin fines de lucro);
16. A modo de incentivo, la reforma faculta a los Ayuntamientos para decidir si aplican una reducción diferenciada al impuesto predial, a los contribuyentes que sean propietarios de predios certificados como Áreas de Conservación (AC) o ADVC. Dicha reducción puede ir desde el 20% hasta el 80%, dependiendo del compromiso temporal y espacial de conservación de cada propietario;
17. Con el apoyo de Bioconnect, la CEDES actualmente se cuenta con:

a) Un formato de contrato constitutivo del DRC;

b) Los lineamientos para la certificación de AC;

c) El formato e instructivo de llenado de la solicitud de certificación de AC, así como de certificado;

d) Materiales de divulgación de las AC, y

e) Propuestas de reformas complementarias para fortalecer a las AC.

18. Para continuar con la implementación de estas reformas, se recomienda llevar a cabo:

a) La firma de los contratos constitutivos del DRC entre los propietarios del ADVC “Parque la Colorada” y de la “Reserva Jaguar del Norte”, con Naturaleza y Cultura Sierra Madre, A.C.;

b) Las gestiones con algún municipio de Sonora, de preferencia el de Álamos y/o Sahuaripa, para implementar la reducción diferenciada al impuesto predial;

c) Un estudio para iniciar la operación del Fondo Ambiental Estatal, especialmente para financiar el reconocimiento, la preservación, conservación y restauración de AC o de ADVC, incluyendo las fuentes de los recursos, y

d) Un proyecto para la elaboración del manual para el uso del sello que pueda ser ostentado en productos generados o servicios prestados de manera sustentable, dentro de las ANP de competencia estatal o en los predios certificados como AC, así como para el diseño de dicho distintivo.

Escrito por Roberto de la Maza, director del proyecto Bioconnect.

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

Si deseas ver la grabación del foro da clic aquí .

 

[su_youtube url=”https://youtu.be/mo_EjWST04M?si=5dm5nq1NPjJZEQ7m” autoplay=”yes” title=”FORO SONORA “]

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada. 

 

Es bien sabido que, en todos los Juicios y Procedimientos, se deben aportar pruebas para comprobar los dichos que cada persona hace, ya que las pruebas son medios de convicción para la persona que va a resolver la situación, llámese Juez, Magistrado, Ministro, Arbitro o Autoridad Administrativa.

Lo que genera el problema de entender qué se busca acreditar con una prueba y qué clase de pruebas existen.

Así las cosas y si bien es cierto que actualmente la Federación y cada Estado de la República, tienen reglas procesales diferentes, para las distintas Materias de su competencia (Civil, Penal, Administrativa y Laboral entre otras), las instituciones, principios y normas procesales son más o menos comunes, en los diversos Códigos y Leyes.

 

Donde se señala que con las pruebas se busca conocer la verdad, a través de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitaciones de que estén reconocidas por la Ley y que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos[1], ya que sólo los hechos, son sujetos de prueba[2].

Siendo las pruebas que normalmente reconocen los Códigos y Leyes, las siguientes 7 a saber:

(i) Confesional;

(ii) Documental;

(iii) Pericial;

(iv) Inspección Judicial;

(v) Testimonial;

(vi) Elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y

(vii) Presuncional.

Encontrando así que lo que se busca acreditar con las pruebas, son los hechos y que las clases de pruebas que existen son las citadas 7, entre las que destaca la Pericial, que normalmente se entiende como aquella que tiene lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, que requiera conocimientos especializados.

Lo que permite preguntar. ¿Se puede ofrecer y admitir una Prueba Pericial en Materia de Derecho Ambiental?

En este orden de ideas y al ser el Derecho Ambiental una Rama del Derecho sumamente multidisciplinaria, que necesita tener nociones de Física, Química y/o Biología, entre otras (respecto de la que normalmente, no existe especialización por parte de Jueces, Magistrados o Ministros), podría entenderse como una ciencia o arte, que requiere conocimientos especializados y, por ende, ser sujeta de una Prueba Pericial [3].

Mismo que de cierto modo, ha sido reconocido en México, ya que sí han llegado a señalarse Peritos en Ramas especializadas del Derecho, en la Lista de Personas que pueden fungir como Peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación.

El Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incorporó Salas Especializadas en Materia de Propiedad Intelectual y otras en Ambiental y de Regulación.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal, aún no cuenta con Juzgados de Distrito y/o Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia Ambiental, lo que podría dar lugar, a las Periciales en Materia de Derecho Ambiental.

 

 

No obstante, lo anterior, la interpretación judicial actual, es que sólo los hechos son sujetos de prueba, mientras que el derecho únicamente lo es, cuando se funda en usos o costumbres, o se apoya en leyes o jurisprudencia extranjeras [4] (dado que se considera que, si bien el Juez puede no conocer todas las Ramas del Derecho, sí tiene la capacidad de conocer todas las Ramas de Derecho, al ser Perito y/o experto en la Materia).

Lo que genera la duda razonable de determinar, qué clase Derecho no es sujeto de prueba, ya que no toda norma general, abstracta y obligatoria es igual.

Ya que son muy diferentes las Leyes y Códigos que emanan del proceso legislativo, de los Reglamentos producto de la Facultad Reglamentaria del Ejecutivo o de las Disposiciones Administrativas de Carácter General y/o las Normas Oficiales Mexicanas, que, si bien también son Derecho, tienen una naturaleza eminentemente técnica.

 

Por lo que el criterio actual de que el Derecho Nacional no es sujeto de prueba, debería de flexibilizarse para permitir al Juez determinar, en cada caso, qué normas tienen una naturaleza técnica o preponderantemente técnica, para respecto de la interpretación de ellas, auxiliarse con una Prueba Pericial.

Escrito por Roberto Antonio Guzmán Sarti, socio director en Celis Aguilar Álvarez, Guzmán Sarti y Asociados.

 

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la primera universidad especializada en sustentabilidad en Latinoamérica, conoce la oferta educativa que la UMA te tiene preparada. 

 

Referencias

[1] Cfr. Artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

[2] Cfr. Artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

[3] Al igual que otras Ramas de Derecho que por nuevas, pocos comunes y multidisciplinarias, también requerirían conocimientos especializados, tales como Derecho Farmacéutico o Aeronáutico, entre otros.

[4] Tal y como lo establece la tesis con Registro digital: 225927, dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito durante la Octava Época, visible en la foja 357 del Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, de rubro PRUEBA, APERTURA INNECESARIA DEL JUICIO A, CUANDO VERSA SOBRE PUNTOS DE DERECHO QUE NO SE FUNDAN EN USOS, COSTUMBRES, LEYES O JURISPRUDENCIA EXTRANJERAS.