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Category: Derecho y Política Pública

  • De Davos al terreno real: cuando la sostenibilidad se vuelve portafolio de acciones

    De Davos al terreno real: cuando la sostenibilidad se vuelve portafolio de acciones

    En Davos se pronuncian frases que suenan bien y se olvidan rápido. Sin embargo, en 2026 Alicia Bárcena Ibarra, Secretaría de la SEMARNAT hizo algo menos frecuente: tomó un diagnóstico científico incómodo y lo tradujo proponiendo una arquitectura de acción para México, con piezas que pueden ejecutarse, financiarse y evaluarse. Lo que ahora queda pendiente es que esta propuesta pueda convertirse en acciones reales.

    Ese giro importa porque la conversación global suele quedarse en la “conciencia” o en el “compromiso”. En cambio, lo que Bárcena puso sobre la mesa fue una propuesta sobre la forma de pasar del discurso a un portafolio de decisiones: qué se protege, qué se restaura, qué se transforma y qué se invita a invertir.

    Y justamente ahí está el punto de interés para la UMA: cuando la sostenibilidad se vuelve un oficio interdisciplinario. No basta saber “qué está mal”; hay que diseñar el sistema de incentivos, reglas, proyectos y coaliciones para mover la aguja con resiliencia y justicia.

    A. La pregunta real: ¿cómo se opera el cambio?

    En la sesión del WEF sobre “prosperidad dentro de los límites planetarios”, Bárcena partió de una premisa clara: los límites planetarios no son negociables. A partir de ahí, en vez de entrar a una lista de problemas, propuso un cambio de paradigma: dejar de “hacer menos daño” y empezar a restaurar activamente los sistemas que sostienen la economía.

    Ese cambio no es solo semántico. Implica asumir que la prosperidad futura depende de la integridad ecológica, y que la política pública debe moverse a la velocidad de la crisis, pero con soluciones que escalen y convoquen a empresa, gobierno y sociedad.

    Así, lo que presenta no es un manifiesto, sino una estructura de prioridades: restauración, naturaleza como valor económico y economía circular. En conjunto, funcionan como el primer portafolio: una secuencia lógica para proteger base natural, reducir presión y reorientar inversión, basado en las siguientes tres ideas.

    1) La era de la restauración como marco operativo

    Primero, Bárcena propone entrar a una “era de la restauración” porque “la Tierra necesita ser restaurada”. Ese enunciado funciona como una brújula: si el planeta ya está en estrés, la política ambiental no puede limitarse a mitigar impactos; debe regenerar condiciones.

    Por eso plantea empezar por conocer el territorio con precisión: características, capacidad de conservación y restauración, y contribución real del país. En otras palabras, restaurar no es romanticismo: es planeación basada en límites biofísicos.

    En lo concreto, lo aterriza en la meta 30×30: conservar y restaurar para alcanzar 30% del territorio protegido hacia 2030, apoyándose en 99 millones de hectáreas ya protegidas e incorporando ecosistemas terrestres y marinos. Esto implica fortalecer biodiversidad, agua, suelos y protección costera, y elevar la restauración a prioridad de Estado.

    2) “La naturaleza puede ser buen negocio” sin quedarse en eslogan

    Luego, Bárcena lanza una frase provocadora: “la naturaleza puede ser un buen negocio”. Pero lo importante es lo que coloca detrás: no se trata de mercantilizar todo, sino de movilizar recursos hacia soluciones basadas en la naturaleza con criterios claros.

    A partir de ahí, menciona iniciativas compatibles con acción climática, compensación e iniciativas de carbono, apoyadas en una taxonomía de ecosistemas. El ejemplo que da —manglares y su capacidad de absorción por hectárea— apunta a algo muy específico: métricas para orientar decisiones empresariales.

    Esto importa porque abre el dilema central del capital responsable: si se va a invertir en naturaleza, deben existir reglas, integridad y trazabilidad. Bien diseñado, ese portafolio puede canalizar inversión hacia sumideros naturales y reducir presión climática; mal diseñado, se vuelve un atajo para “compensar” sin transformar.

    3) Economía circular como infraestructura, no como campaña

    Finalmente, Bárcena presenta la economía circular como un cambio de modelo: dejar atrás la economía lineal para entrar a una lógica donde el residuo se vuelve recurso. En lugar de enunciarlo como aspiración, lo aterriza en piezas operativas.

    En México, menciona tres parques industriales de economía circular y flujos específicos: llantas, residuos de construcción, residuos sólidos y plásticos. También cita PetStar como referencia de lo que puede escalarse cuando hay industria, tecnología y coordinación.

    Con eso, conecta circularidad con reducción de extracción, menor contaminación, menos emisiones y menos presión sobre ecosistemas. En términos de transición y descarbonización, la circularidad también es eficiencia sistémica: producir con menos material, menos energía y menos desperdicio.

    B. El “Paquete México”: sostenibilidad con lógica de inversión

    Más allá del panel, Bárcena presentó el “Paquete México” como un esfuerzo para alinear agenda ambiental e inversión. El punto no es “hablar bonito” de sostenibilidad, sino convertirla en decisiones económicas y colaboración público-privada con instrumentos que escalen.

    Ahí reaparece la palabra clave: portafolio. México no solo plantea prioridades; invita a invertir en un conjunto de ejes donde hay impactos medibles y valor económico de largo plazo: economía circular, protección de océanos e inversión sostenible/capital responsable.

    Créditos de imagen: Imagen de David en Pixabay

    La relevancia ambiental de este encuadre es potente: si la inversión fortalece sistemas naturales, reduce riesgos futuros; si los degrada, el costo regresa como crisis hídrica, climática y social. Por eso el “Paquete” se presenta como una propuesta de prosperidad con límites y con regeneración, basado en tres ejes.

    Eje 1: Circularidad para competir sin destruir

    En el “Paquete México”, la economía circular se plantea como una vía de competitividad: convertir residuos en valor, abrir nuevas cadenas de suministro y financiar infraestructura que reduzca dependencia de materias primas vírgenes.

    México está desarrollando tres parques industriales orientados a circularidad y a la reutilización/reciclaje de flujos como neumáticos, escombro, residuos sólidos y plásticos. Además, invita a empresas e inversionistas a sumarse como parte de una estrategia de crecimiento con bienestar.

    Ambientalmente, esto implica menos extracción, menos basura, menos contaminación y una transición industrial que desacopla crecimiento del uso intensivo de recursos. En términos UMA, es política pública aplicada: regulación, incentivos, mercados y coordinación multi-actor.

    Eje 2 Protección de los océanos

    La protección de océanos se incorpora como prioridad ambiental ligada a inversión: cuidar el capital natural marino como condición para sostener actividades económicas y para canalizar financiamiento hacia conservación y restauración con resultados medibles.

    Eje 3: Inversión sostenible / Capital responsable

    Al mismo tiempo, inversión sostenible/capital responsable aparece como el eje transversal: atraer capital de largo plazo compatible con justicia social y límites ambientales. El mensaje es claro: no cualquier inversión, sino inversión que construya resiliencia y reduzca riesgos.

    Para el medio ambiente, esta combinación importa porque mueve el debate del “compromiso” al dinero y al diseño: dónde se invierte, con qué reglas, con qué métricas, y con qué rendición de cuentas. Ahí la sustentabilidad deja de ser narrativa y se vuelve gobernanza.

    C. Plan México: la maquinaria para aterrizar el portafolio

    La tercera capa del relato es la promoción del Plan México para atraer inversiones. En un mensaje conjunto desde Davos, Bárcena y Altagracia Gómez enmarcan la participación como una agenda intensa para impulsar desarrollo sustentable con inclusión social, crecimiento y prosperidad.

    Bárcena subraya objetivos concretos: fortalecer atracción de inversiones, sustituir importaciones, generar empleos y fomentar desarrollo sustentable. Altagracia agrega una idea clave: coordinar política industrial y comercial con “habilitadores naturales”, para que la inversión genere empleos y impactos sociales y ambientales positivos.

    Lo decisivo es que no lo dejan en lo abstracto: hablan de vehículos y proyectos. Promueven Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBIS) y los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBIS) como opciones claras de dónde invertir, y reportan reuniones centradas “exclusivamente” en economía circular, además de anunciar la visita de 100 CEOs para explorar oportunidades en proyectos verdes.

    Coaliciones, diplomacia y ejecución: lo que Davos sí puede detonar

    Finalmente, el mensaje asume el contexto global de fragmentación y reacomodos, y sugiere que México necesita coaliciones para acelerar implementación. Es decir: no basta con tener agenda; hay que construir alianzas que la vuelvan ejecutable.

    Queda una expectativa inevitable: que este portafolio no se quede en un conjunto de buenas ideas presentadas en un foro global, sino que se traduzca en implementación real, con presupuestos, reglas, indicadores y proyectos que se ejecuten. Para que eso ocurra, la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil no puede ser simbólica ni episódica; tiene que convertirse en una alianza sostenida que reduzca inercias, comparta riesgos y acelere la escala. Si esa coordinación logra alinear incentivos y rendición de cuentas, México puede realmente “mover la aguja”: pasar de anuncios a resultados medibles en restauración, circularidad, protección de océanos e inversión responsable, y demostrar que la sustentabilidad puede ser, al mismo tiempo, estrategia de competitividad y de resiliencia socioambiental.

    Créditos de imagen: Imagen de This_is_Engineering en Pixabay

    Sin embargo, la pregunta incómoda es si el gobierno mexicano realmente quiere y, sobre todo, si realmente va a poder hacer lo necesario para que esta propuesta se vuelva realidad. En política es relativamente fácil enunciar prioridades y “vender” un portafolio en Davos; lo difícil es asumir los costos de implementación: ordenar prioridades entre dependencias, poner dinero sobre la mesa, emitir reglas que incomoden intereses, exigir cumplimiento, y sostener el rumbo cuando cambian los incentivos o llega la siguiente crisis mediática. Si el Plan México y el Paquete México no aterrizan en decisiones verificables, como calendarios, presupuestos, instrumentos y resultados, se corre el riesgo de quedarse como una narrativa elegante, útil para el foro, pero insuficiente para el territorio.

    La promoción que México hizo en Davos se puede entender como una “venta” deliberada de un portafolio: transición energética, economía circular y restauración ecológica como motores de competitividad y resiliencia. Lo ambiental deja de ser “costo” y se vuelve condición de estabilidad económica.

    Y ahí está el puente con la Universidad del Medio Ambiente: formar profesionales capaces de traducir visión en arquitectura de acción, combinando derecho, políticas públicas, finanzas, pensamiento sistémico y enfoques de regeneración. Porque, al final, la pregunta no es si el discurso es correcto; es si el diseño institucional y la ejecución alcanzan la escala.

    Escrito por Rubén Cors Gil, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas, generación 2025.

    Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

    Referencias

    Foro Económico Mundial. (2026, enero). How can we build prosperity within planetary boundaries? [Sesión de conferencia]. Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026, Davos, Suiza.

    https://es.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2026/sessions/how-can-we-build-prosperity-within-planetary-boundaries

    Foro Económico Mundial. (2026). Alicia Bárcena Ibarra – Nature can be good business [Video]. YouTube.

    Uchoa, P. (2026). América Latina en Davos 2026: Confianza, Venezuela y el futuro del comercio. Foro Económico Mundial.

    https://es.weforum.org/stories/2026/02/america-latina-en-davos-2026-confianza-venezuela-y-el-futuro-del-comercio

    Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2026, 21 de enero). “Estamos dejando atrás la economía lineal y estamos entrando a una economía circular”: Alicia Bárcena. Gobierno de México.

    https://www.gob.mx/semarnat/prensa/estamos-dejando-atras-la-economia-lineal-y-estamos-entrando-a-una-economia-circular-alicia-barcena

    Redacción Revista Fortuna. (2026, enero). Alicia Bárcena presenta el Plan México en Davos 2026; la apuesta para atraer capital responsable. Revista Fortuna.

    Trejo Sánchez, R. (2026, enero). Altagracia Gómez promueve el Plan México en el Foro Económico Mundial de Davos. Enfoque Noticias.

    Santamaría, V. (2026, enero). Alicia Bárcena, titular de Semarnat, lleva el Plan México, cambio climático y economía circular al Foro Económico en Davos. Animal Político.

    https://animalpolitico.com/sociedad/alicia-barcena-foro-economico-davos-plan-mexico

    Ambientum Portal Ambiental. (2026, enero). Alicia Bárcena lleva a Davos la apuesta de México por la economía circular y la restauración ambiental. Ambientum.

    Mexico News Daily Staff. (2026, enero). At Davos, Mexico’s environment minister stresses urgent climate action. Mexico News Daily.

  • La Ley General de Economía Circular: arquitectura normativa y el reto de no vaciarla de contenido

    La Ley General de Economía Circular: arquitectura normativa y el reto de no vaciarla de contenido

    Un nuevo marco legal para una transición compleja

    La aprobación de la Ley General de Economía Circular (LGEC) representa uno de los cambios estructurales más relevantes del derecho ambiental mexicano en los últimos años. Por primera vez, el país cuenta con una ley marco que busca reorganizar el sistema productivo, de consumo y de gestión de materiales bajo un enfoque distinto al modelo lineal tradicional.

    Sin embargo, una ley de esta naturaleza no se agota en su texto. Su verdadera potencia reside en la arquitectura de sus instrumentos jurídicos, en los actores que la impulsan o la resisten, y en las decisiones políticas que se tomen durante su implementación.

    Por ello, más que celebrar o rechazar la LGEC en abstracto, vale la pena detenernos a observar cómo está diseñada, qué herramienta activa y dónde se concentran las tensiones reales que marcarán su aplicación.

    Créditos de imagen: Fundación Ellen Macarthur

    Un muy breve resumen de la Ley

    En términos generales, la LGEC tiene como objetivo prevenir la generación de residuosmantener el valor de productos y materiales y reducir los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida, incorporando principios de economía circular en la política pública, la regulación y el mercado (SEMARNAT, 2023).

    La Ley se articula como una ley general, lo que implica concurrencia de competencias entre federación, entidades federativas y municipios, así como obligaciones diferenciadas para los sectores productivos. Esto supone retos importantes de coordinación institucional.

    Además, la LGEC deja claro que no se trata únicamente de reciclaje. Su enfoque es sistémico e incorpora rediseño de productos, responsabilidad extendida, información, trazabilidad, incentivos económicos y mecanismos de cumplimiento gradual.

    Créditos de imagen: Canva Suite Visual

    Instrumentos legales que despliega la LGEC

    La Ley propone una arquitectura normativa amplia y compleja, integrada por múltiples instrumentos jurídicos y administrativos. Entre los principales se encuentran:

    • El Programa Nacional de Economía Circular, como instrumento de planeación especial y obligatorio.
    • Los programas estatales y municipales de economía circular, alineados al Programa Nacional.
    • Políticas de educación, cultura, innovación e investigación aplicadas a distintos sectores.
    • Normas Oficiales Mexicanas, estándares técnicos y lineamientos administrativos.
    • Acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), de carácter sectorial y obligatorio.
    • El Reglamento de la LGEC, la Plataforma Nacional de Información, el Registro de Economía Circular y la auditoría ambiental voluntaria a cargo de PROFEPA.
    • Instrumentos fiscales, financieros, aduanales y de mercado, incluidos bonos verdes, créditos de carbono y mecanismos de compensación ambiental.
    • El Distintivo Nacional de Economía Circular, con vigencia de tres años.

    Este entramado deja claro que la LGEC exigirá capacidades técnicas sólidas, coordinación institucional efectiva y vigilancia constante para evitar una implementación fragmentada.

    Posturas a favor: orden normativo, competitividad y alineación internacional

    Entre los actores que respaldan la LGEC se encuentran agencias de cooperación, cámaras empresariales, consultoras especializadas y sectores industriales con mayor madurez ambiental. Desde esta postura, se argumenta que la Ley ordena y armoniza iniciativas dispersas, brindando certidumbre jurídica (SEMARNAT, 2023).

    Asimismo, se destaca que la LGEC alinea a México con marcos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030, además de coincidir con recomendaciones de organismos como la OCDE en materia de responsabilidad extendida y eficiencia en el uso de materiales (OECD, 2020).

    Desde esta visión, la economía circular es entendida como una condición necesaria para la transición productiva, la innovación y el acceso a financiamiento verde en mercados internacionales cada vez más exigentes.

    Créditos de imagen: Canva Suite Visual

    Posturas críticas: implementación, municipios y riesgos de simulación

    Desde la academia, organizaciones de la sociedad civil y personas recicladoras, emergen preocupaciones relevantes. Una de las principales es la sobrecarga de responsabilidades en los municipios, sin claridad sobre financiamiento, capacidades técnicas o acompañamiento institucional suficiente (UNEP, 2021).

    También se advierte que la REP podría derivar en esquemas formales de cumplimiento, sin reducción efectiva de impactos ambientales, o incluso en una transferencia indirecta de costos hacia consumidores y territorios vulnerables (OECD, 2020).

    Dentro de estas posturas críticas se incorpora el debate sobre la termovalorización, señalada por organizaciones ambientales como una falsa solución que contradice los principios de la economía circular, al incentivar la quema de materiales que deberían prevenirse o mantenerse en ciclos productivos (GAIA, 2019; Greenpeace México, 2021).

    Oportunidades y riesgos de esta nueva Ley

    La LGEC tiene el potencial de transformar estructuralmente el sistema de producción y consumo en México. No obstante, también puede vaciarse de contenido si la implementación no es robusta en términos de enfoque territorial, justicia social y coherencia ambiental.

    La pregunta que queda abierta es si seremos una sociedad con la madurez suficiente para colaborar en su implementación, cambiar estilos de vida y vigilar que los sectores productivos y de gobierno cumplan de manera efectiva.

    La respuesta no está solo en la Ley. Está, sobre todo, en cómo decidamos aplicarla.

    Créditos de imagen: Canva Suite Visual

    Escrito por Martha Patricia Vargas Salgado, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

    Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

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    Referencias

    Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards a circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transitionhttps://ellenmacarthurfoundation.org

    Ellen MacArthur Foundation. (2019). Completing the picture: How the circular economy tackles climate changehttps://ellenmacarthurfoundation.org

    Hernández Islas, G. (2020, 2 de enero). La visión antropocéntrica. Protección y derechos del medio ambiente. Foro Jurídico. https://forojuridico.mx/la-vision-antropocentrica-proteccion-y-derechos-del-medio-ambiente/

    GAIA. (2019). Waste-to-energy: Climate false solutions. Global Alliance for Incinerator Alternatives. https://www.no-burn.org

    Greenpeace México. (2021). La falsa solución de la incineración y la termovalorización de residuoshttps://www.greenpeace.org/mexico

    Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste managementhttps://www.oecd.org

    Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023). Estrategia Nacional de Economía Circular. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat

    United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Global Waste Management Outlookhttps://www.unep.org

  • Amparo ambiental: cambios en el interés legítimo

    Amparo ambiental: cambios en el interés legítimo

    Antecedentes

    Son innumerables los casos en lo que, apelando al interés legítimo, vecinos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad civil, han tenido acceso al amparo, logrando así la defensa de su derecho a un medio ambiente sano.

    Hoy con la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo, no son pocos los que se preguntan si esta iniciativa atiende al principio de progresividad de los derechos humanos o, todo lo contrario, es una regresión que restringe el acceso a la justicia.

    ¿Qué es el interés legítimo?

    En el 2013 se incorporó en la Ley de Amparo el concepto de interés legítimo. Anteriormente, solo podía ser parte en el juicio de amparo quien fuera titular de un derecho subjetivo, esto es, quien tuviera una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, a esto llamamos interés jurídico.

    En ese año, el acceso se amplió a quienes tuvieran un interés legítimo individual o colectivo, dando oportunidad a que muchas personas físicas o jurídico colecticas hicieran valer sus derechos a través de esta figura.

    El interés legítimo se entiende como una afectación indirecta al individuo que se encuentra en una situación especial. Un ejemplo de esto sería una comunidad indígena que promueven un juicio de amparo por la emisión de títulos de concesión para la explotación industrial de aguas superficiales y que consideran que tales actos transgreden su derecho al medio ambiente.

    ¿En qué consistió la propuesta?

    La iniciativa de ley fue enviada al Senado el 15 de septiembre del año en curso. Estaba inspirada en la tesis de jurisprudencia P/J 50/2014 que trata sobre el contenido y alcance del interés legítimo en el juicio de amparo. Las modificaciones que se propusieron al artículo 5° de la Ley de Amparo fueron:

    Texto AnteriorIniciativa
    Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: La persona quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Artículo 5. Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo.

    En teoría el objetivo de esta reforma es evitar ambigüedades para la aplicación del interés legítimo por parte de los operadores jurídicos e incorporar criterios de jurisprudencia (Senado, 2025).

    Sin embargo, los detractores a esta reforma señalan que se aumentan los requisitos para acceder al amparo y que en lugar de ser una reforma pro persona, es una reforma pro gobierno.

    En opinión de la ministra en retiro y ahora legisladora Olga Sánchez Cordero, el interés legítimo debió continuar como un concepto indeterminado, para tener la flexibilidad de ser valorado caso por caso por el juez y no restringirse a la definición de la ley (Mejía,2025).

    Créditos de imagen: Pixabay

    Versión Final

    Los legisladores después de varias discusiones y con el voto en contra de la oposición, realizaron algunas modificaciones al proyecto inicial, para quedar de la siguiente forma:

    Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

    1. (…)

    Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo.

    Esto es, se agregaron las palabras individual o colectiva y se eliminaron las palabras actual y directo. Estas últimas modificaciones se consideran positivas, puesto que como es sabido las afectaciones al medio ambiente no necesariamente tienen un efecto actual o inmediato y muchas de las organizaciones o comunidades que solicitan el amparo es para obtener un beneficio indirecto.

    Finalmente, la reforma a la Ley de Amparo entró en vigor el pasado 16 de octubre.

    Créditos de imagen: Pixabay.

    Conclusión

    En síntesis, ahora son más los requisitos que se solicitarán por ley para acreditar el interés legítimo. Hay personas que consideran esto como un acierto, toda vez que señalan que hubo excesos y que se utilizó el interés legítimo para la obtención de suspensiones.

    Sin embargo, resulta evidente que con esta reforma se estrecha la puerta de acceso al juicio de amparo para los defensores del medio ambiente y que el renovado Poder Judicial estará a prueba para ver si aplica la interpretación pro persona.

    Escrito por Mónica Garrido Martínez estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

    “Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”.

    https://bit.ly/47IIQPg

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    Bibliografía

    Senado de la República. (2025, 1° de Octubre). Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos.

    http://bit.ly/4nE19eo

    Mejía, J. (2025, 13 de octubre). Definición de interés legítimo en reforma a la Ley de Amparo restringe el acceso a la justicia. LATINUS.

  • Un antes y un después: aprendizajes desde la UMA

    El lunes de esta semana terminó el último taller presencial del semestre en la UMA. Personalmente, fue un taller muy significativo: despedimos a la generación saliente, es decir, cerramos un ciclo de convivencia con un grupo de personas valiosas que, a lo largo del año, compartieron con nuestra generación risas y saberes; la combinación perfecta para un aprendizaje realmente significativo: pensar y reflexionar sintiendo.

    Otra razón que me lleva a reflexionar sobre lo especial de este cierre de semestre es el pensar que tuvimos la última clase presencial de Pensamiento Crítico Científico con nuestra docente Carmen, una mujer increíblemente empática, con una habilidad tan suave para guiar el aprendizaje que de pronto da un poco de vértigo no sentir el rigor al que estaba acostumbrada como académica. Sin embargo, sus formas me llevaron, casi sin notarlo, a vencer una resistencia interna. De pronto me encontré revisando en todos lados los sesgos cognitivos, la confiabilidad de las fuentes, los posibles indicadores de mis proyectos y, sobre todo, las invaluables reflexiones de lo compartido por mi comunidad de aprendizaje, la generación UMA 2025.

    No puedo estar más agradecida con Carmen por tantos nuevos aprendizajes que no solo me forman como una mejor diseñadora de política pública y legislación, más crítica y más científica, sino que también me llevan a un gozo curioso de mi quehacer profesional, a investigar con mayor rigor y, sobre todo, a abrirme con entusiasmo a nuevas perspectivas, algo fundamental en el diseño de política pública.

    Después de más de veinte años de experiencia laboral y académica, de innumerables lecturas, conferencias y talleres, abrirme a la sabiduría colectiva de mi comunidad de aprendizaje gracias a las dinámicas de Carmen, que sabía perfecto cómo dejarnos fluir y poner un marcador en esas semillas de saberes que se entrelazan en una sentida disertación sobre los temas, fue increíble y sustancialmente valioso para mi ejercicio profesional. Como abogada en formación constante reconozco la gran valía de las herramientas que esta materia de la maestría aporta a mi ejercicio profesional.

    Hay un antes y un después.

    Ahora sé que también puedo hacer ciencia si tengo la atención, el propósito y el rigor necesarios para ello. Puedo crear y participar en la generación de nuevos paradigmas, puedo cuestionar los actuales, observarme y tratar de identificar con qué mirada estoy parada en este mundo. Me pienso más segura y también más humilde. Me siento más agente de cambio…

    A fin de cuentas, por eso decidí estudiar Derecho, desde la infancia deseaba hacer algo para habitar mejor el mundo y dejar a mis hijos un futuro más digno. Ser abogada era, desde mi mirada, el mejor espacio para lograr un cambio significativo. Y este último taller presencial en la UMA ha sido un antes y un después, conecté con esa persona pequeñita, con ese deseo tan profundo como auténtico de ser la mejor persona que pueda ser para mi familia, mi comunidad, mi país y mi mundo.

    Gracias a la generación que termina, gracias a mi generación y gracias a Carmen —y a la UMA por elegirla como nuestra docente—, una pequeña gran mujer con vivencias tan significativas que no caben en un blog y que tuvo el valor de transmitirnos un cachito de sus aprendizajes. Ojalá esa última clase hubiera durado muchas horas más, aunque sé que el florecer de lo aprendido apenas comienza.

    Comparto algunas reflexiones de mi comunidad de aprendizaje, porque este no es solo un blog: es un manifiesto de agradecimiento comunitario a nuestra docente.

    La clase de Carmen, me ayudo a cuestionar mi paradigma sobre cómo se hace la ciencia. Me ayudó a entender que la ciencia la podemos hacer todos y que está mucho más viva y accesible de lo que se nos muestra por parte de las academias. Aprender a desarrollar un Pensamiento Crítico Científico vivo, que va más allá de solo datos es posible. ¡Gracias Carmen por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros!

    Anabel Gutiérrez

    Aprender con Carmen en PCC me mostró que investigar críticamente no es acumular datos y defender metodologias o teorías, sino el tener coraje de llegar a cuestionamientos incómodos, sostener el pensamiento propio sin arrogancia y entender que esta postura puede ser sostenida con gracia a pesar de la censura.

    Ana Pineda Falconi

    “Así como todo llega cuando debe llegar, tú, Carmen, llegaste para enseñarnos con tu vida. Me quedo confiada en que cada persona y cada momento tienen su razón y su enseñanza.”

    Marcela Treviño Feria

    Carmen te agradezco el regresarme el interés por ser CURIOSO y que el ser adulto de la sociedad actual en muchas ocasiones nos limita de ser críticos tristemente!! ¡¡Espero nos veamos pronto!!

    Itzae

    Escrito por Martha Vargas Salgado, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

    Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

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    Maestría con validez oficial. RVOE: 205200000/556/2011

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  • La reforma a la ley de amparo 2025 y su impacto a un medio ambiente sano

    La reforma a la ley de amparo 2025 y su impacto a un medio ambiente sano

    La reforma de la ley de Amparo presentada en septiembre de 2025 ha generado un amplio debate en México, debido a sus posibles implicaciones en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano y la justicia ambiental. Por lo que, en este blog exploraremos los principales hallazgos y recomendaciones del Foro Universitario.

    El pasado 09 de octubre de 2025, se llevó a cabo el Foro “La reforma de la Ley de Amparo de septiembre de 2025 y sus implicaciones en la protección del derecho humano a un ambiente sano en México”; este evento fue organizado por el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS), Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en colaboración con diversas instituciones y expertos en la materia.

    El juicio de amparo: Un cimiento de la justicia ambiental

    En la historia de México, desde la reforma constitucional del 2011 y la ley de amparo 2013, el juicio de amparo ha sido una herramienta clave para la defensa de los derechos humanos, según lo planteado en el Foro Universitario, la reforma del 2025 introduce una definición restrictiva de “interés legítimo”, lo cual podría permear en limitar el acceso a la justicia en casos ambientales y de derechos humanos, que afecten principalmente a pueblos y comunidades indígenas,  contraviniendo los principios de progresividad y pro-persona establecidos en la Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos.

    Principales hallazgos del foro Universitario

    En México el principio precautorio, obliga a tomar medidas ante daños ambientales graves e irreversibles, aunque no se tenga la certeza científica absoluta, sin embargo, con esta reforma el principio queda anulado si el “daño” debe ser “real” antes de poder impugnarse (CENTRUS, 2025).

    Durante el desarrollo del foro el grupo de expertos consideró que, a través de la Cámara de diputados se debe de fortalecer el juicio de amparo como instrumento de justica ambiental y climática (CENTRUS, 2025), pues si esta reforma se aprueba sin ajustes, México quedaría en incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos (Corte Interamericana, Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París).

     

    Diagrama 1: Elaboración propia a partir del Resumen Ejecutivo del Foro Universitario.

    Recomendaciones legislativas

    El foro Universitario propuso ajustes clave que para garantizar que la ley de amparo no implique una regresión en la protección de los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano. Entre las recomendaciones podemos destacar:

    • Sustituir la definición de “lesión real y actual” por “riesgo plausible o verosímil” en materias ambientales o colectivas (CENTRUS, 2025). ​
    • Reconocer la legitimación activa de comunidades, pueblos indígenas y asociaciones civiles con objeto ambiental (CENTRUS, 2025). ​
    • Asegurar que el “interés social” se interprete como la protección de derechos humanos y del patrimonio natural, y no como interés gubernamental (CENTRUS, 2025).
    • Amparo digital Incluyente que se asegure la equidad tecnológica, traducción a lenguas indígenas y accesibilidad universal (CENTRUS, 2025).

    Implicaciones internacionales

    México, como estado parte del sistema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Acuerdo de Escazú, tiene la obligación de garantizar un acceso amplio a la justicia ambiental y climática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares claros sobre la legitimación activa y el debido proceso ambiental, que deben ser respetados en cualquier reforma legislativa (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025).

    Conclusión

    La reforma a la Ley de Amparo de 2025 representa una oportunidad histórica para fortalecer la justicia ambiental y climática en México. ​ Sin embargo, los riesgos de regresión en derechos humanos y ambientales son significativos. ​ Es crucial que la Cámara de Diputados considere las recomendaciones del Foro Universitario y alinee la reforma con los compromisos internacionales de México, garantizando la protección del derecho humano a un ambiente sano y la justicia intergeneracional. ​

    Si deseas conocer más sobre el resumen ejecutivo del Foro Universitario, por favor escribe a kia@umamexico.com.mx

    Escrito por Karmina Isabel Alvarez Velazquez, estudiante de la maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, de la Universidad del Medio Ambiente.

    Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

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    Referencias 

    CENTRUS. (2025). Reporte de los resultados del Foro Universitario “La reforma de la Ley de Amparo de septiembre de 2025 y sus implicaciones en la protección del derecho humano a un ambiente sano en México”. ​ Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. ​

    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_200223.pdf

    Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Opinión Consultiva OC-32/25. Derechos humanos y emergencia climática. ​ Recuperado de https://www.corteidh.or.cr

    Acuerdo de Escazú. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. CEPAL. Recuperado de https://www.cepal.org

     

  • Problemas Socioambientales: una mirada científica para la política pública ambiental

    Problemas Socioambientales: una mirada científica para la política pública ambiental

    La importancia de comprender lo socioambiental

    Una de mis clases favoritas en la UMA es la de Problemas Socioambientales con Delfín Montañana. Y no solo porque Delfín es un docente increíble que conecta con el estudiantado al dejar conocimientos y reflexiones en cada clase o investigación que propone, también lo es porque me permite profundizar en la comprensión científica del medio ambiente, entendiéndome como parte de este, así como los potenciales de la política pública y la legislación en la resolución de problemas.

    Para quienes trabajamos en el sector legal ambiental -y supongo que para todos los sectores- el aprendizaje constante es fundamental, entendiendo como aprendizaje el proceso a partir del cual se desarrolla la comprensión profunda y la capacidad de resolver problemas, así como la adaptabilidad al entorno cambiante. No se trata solo de aplicar marcos normativos, sino de conocer a profundidad cómo funcionan los ecosistemas, cómo se originan las problemáticas y qué factores sociales y culturales inciden en ellas. Esa base sólida es la que da sentido a la construcción de políticas públicas ambientales realmente efectivas.

    Por eso valoro tanto esta clase: porque nos invita a mirar más allá del ámbito jurídico integrando ciencia, cultura y política para un análisis completo. Además de entrenar la capacidad de diálogo interdisciplinario para diseñar soluciones colectivas en el entorno de aprendizaje de la UMA, donde el trabajo colaborativo entre disciplinas es una de las estructuras medulares.

     

    Algunos conceptos clave: suelo, cultura, densidad poblacional y resiliencia

    Acercarme a la comprensión de la maravilla que es el suelo, prácticamente como un microcosmos que nos sostiene desde muchas perspectivas a todas las especies, y reflexionar sobre los significados ambientales y culturales que distintas comunidades identifican con nuestro entorno natural, es fascinante.

    Los territorios no son solo espacios físicos: concentran memorias, símbolos y vínculos sociales que deben reconocerse al momento de diseñar política pública (UNESCO, 2015). A ello se suma la densidad poblacional en los ecosistemas naturales, un factor crítico que define la presión humana sobre la biodiversidad y los servicios que los ecosistemas pueden sostener.

    Estas nociones reafirman que los problemas socioambientales no se limitan a cifras o informes técnicos. Son entramados donde se cruzan dimensiones ecológicas, sociales y culturales, y requieren enfoques interdisciplinares.

    Funciones ecosistémicas, resiliencia y disturbios

    Las funciones son procesos propios de los ecosistemas, mientras que hablamos de “servicios” cuando los valoramos desde nuestra perspectiva humana (Hernández Islas, 2020). Este contraste muestra cómo el lenguaje refleja un enfoque antropocéntrico que debemos cuestionar.

    Además, conversamos sobre la resiliencia como el proceso a partir del cual un sistema se adapta o genera un balance después de un disturbio. Entendimos que los disturbios naturales son parte de la dinámica ecológica, pero que actividades humanas como la contaminación amplifican los impactos, alterando profundamente los sistemas. Casos como la eutrofización son ejemplo claro de estas alteraciones.

    A partir de ello reflexionamos sobre los límites planetarios, un marco que establece nueve procesos que mantienen el sistema terrestre estable y resiliente, y de los cuales ya se han rebasado siete (Stockholm Resilience Centre, 2025). Este enfoque científico y de urgencia es indispensable para el diseño de políticas públicas ambientales éticas.

    Créditos de imagen: imagen de Martha Vargas

    Marcos regenerativos y aprendizajes colectivos

    Un tema clave de la clase fue la discusión sobre marcos de trabajo regenerativo. Más allá de la sostenibilidad, la práctica regenerativa busca restaurar y potenciar la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida, integrando la potencial contribución que actividades humanas pueden tener, a través de las dimensiones sociales y culturales. Esta perspectiva invita a pensar en políticas que no solo mitiguen impactos, sino que regeneren a propósito y de forma sistémica.

    Una de las riquezas de esta clase ha sido el trabajo en equipos multidisciplinarios, como el de les 4 fantástiques del que felizmente formo parte. Allí, compartir visiones y contrastar enfoques nos permite crear propuestas más completas y realistas, a partir de conversaciones ricas, divertidas, respetuosas, atentas y muchas veces provocadoras.

    Los aprendizajes colectivos, ya sea en los equipos o en las discusiones en clase, fortalecen la comprensión de las interacciones entre sociedad y naturaleza, y nos recuerdan que democratizar el conocimiento es esencial: abrir la ciencia y las políticas a más voces, a partir de lenguajes estructurados pero abiertos, asegura soluciones más justas e incluyentes.

    Me queda una inquietud que me gusta plantear: ¿cómo logramos llevar este entendimiento socioambiental más allá de las aulas y de los círculos profesionales, para que se convierta en políticas públicas verdaderamente transformadoras?

    Escrito por Martha Vargas Salgado, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente.

    Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente

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    Referencias

    Hernández Islas, G. (2020, 2 de enero). La visión antropocéntrica. Protección y derechos del medio ambiente. Foro Jurídico. Recuperado de https://forojuridico.mx/la-vision-antropocentrica-proteccion-y-derechos-del-medio-ambiente/

    Stockholm Resilience Centre. (2025). Planetary boundaries. Recuperado de https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

    UNESCO. (2015). Culture and sustainable development. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234443

  • Los claroscuros de la transición energética en México

    Los claroscuros de la transición energética en México

    La transición energética se ha posicionado globalmente como la estrategia central para combatir el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En México, el entusiasmo por la energía renovable, particularmente la solar y eólica, ha crecido. Sin embargo, una mirada crítica nos obliga a preguntarnos:

    ¿estamos realmente abordando los desafíos que este cambio conlleva o estamos creando nuevos problemas?

    En este blog desde la opinión de la autora, no se pretende desestimar la urgencia de la descarbonización, sino proponer un enfoque más honesto y equilibrado que garantice una verdadera incidencia social y ambiental.

    Energía – Desarrollo Sostenible

    Una postura ética en la transición energética

    La ética de la transición energética no es tan simple como reemplazar lo “sucio” por lo “limpio”. Si bien la reducción de emisiones es un objetivo loable, una postura crítica nos exige considerar los costos ocultos.

    Por ejemplo, la rápida expansión de proyectos de energía renovable puede ignorar las realidades de las comunidades locales, es decir, la construcción de grandes parques solares o eólicos a menudo requiere la adquisición de vastas extensiones de tierra, lo que puede resultar en el desplazamiento de comunidades rurales o la afectación de ecosistemas locales (Villavicencio y Millán, 2020).

    Desde una perspectiva objetiva, la ética de la transición debe sopesar los beneficios globales de mitigar el cambio climático contra los perjuicios locales de un desarrollo impuesto. ¿Es éticamente justificable que una comunidad pierda sus tierras agrícolas para que una ciudad distante pueda encender sus luces con energía “limpia”? Una postura crítica argumenta que el fin no justifica los medios si estos generan nuevas injusticias sociales.

    Los desafíos socioeconómicos del cambio de paradigma

    La transición no solo es tecnológica; es un proceso social, técnico y económico complejo que puede profundizar las desigualdades. En México, el desarrollo de infraestructura renovable presenta un alto riesgo de centralizar la riqueza y el poder en grandes corporaciones, dejando a los pequeños productores y a las comunidades locales fuera de la ecuación (IMCO, 2021).

    Además, la dependencia de la tecnología importada y la volatilidad del mercado pueden hacer que los costos de la transición sean impredecibles. Esto podría trasladarse a los consumidores finales, afectando de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos.

    Una transición verdaderamente justa y sostenible debería abordar la eficiencia energética, la capacitación laboral para los nuevos empleos verdes y la creación de modelos de energía descentralizada que empoderen a las comunidades.

     

    Créditos de imagen: Olaf Álvarez

    Un equilibrio pragmático para una incidencia real

    A pesar de estas críticas, no podemos ignorar los compromisos internacionales y los ODS. El objetivo no es detener la transición, sino redirigirla para que sea más equitativa y efectiva. Para garantizar una verdadera incidencia en México, la política pública debe buscar un equilibrio pragmático.

    1. Enfoque Holístico: La transición debe integrarse en una visión de desarrollo que considere la seguridad alimentaria, el uso de la tierra y la equidad social, no solo los megavatios generados (Villarreal y Tornel, 2017).
    2. Participación y Gobernanza: Las comunidades afectadas deben ser socios en el diseño y la implementación de los proyectos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar conflictos y garantizar que los beneficios se distribuyan equitativamente (IMCO, 2021).
    3. Innovación Local: Es necesario invertir en soluciones adaptadas al contexto local (la energía donde se produce se consume), como los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red de CFE para hogares y empresas, lo que reduce la dependencia de proyectos a gran escala y fomenta la autosuficiencia.
    4. Seguimiento y monitoreo: Las soluciones enfocadas en sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, deberían contar con un equipo de monitoreo remoto viable, que permita cuantificar los KWh generados, estado de mantenimiento del sistema, y el impacto ambiental asociado como incentivo. Al mismo tiempo los instaladores fotovoltaicos deberían mantener el compromiso de seguimiento y fidelidad al cliente para mantener el sistema en operación óptima.

    Créditos de imagen: sistema de monitoreo de un SF instalado con equipos Enphase

    Conclusión

    En conclusión, como menciona Villareal y Tornel, (2017; p. 1), “la transición energética es el proceso que transforma un sistema energético centralizado dependiente de combustibles fósiles, en un sistema descentralizado ambientalmente más sustentable bajo en carbono y socialmente incluyente”.

    Particularmente en el Estado de México encontramos una oportunidad inmensa, pero también una que requiere un análisis riguroso y una postura ética que no tema confrontar las contradicciones debidas a diversidades culturales, sociodemográficas y económicas.

    Solo al abordar de manera transparente los desafíos sociales, económicos y ambientales, podremos construir un futuro energético que no solo sea sostenible, sino también justo para todos los mexiquenses. En este sentido el marco legal presente y futuro debería considerar la serie de inequidades y diversidades debidas a variabilidad cultural, económica y orografía mexiquense.

     

    Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública de la Universidad del Medio Ambiente.

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    Referencias

    Ocampo, O. (2021). Democratizar la política energética en México Ciudadanos y consumidores ante la transición energética. Pluralidad y Consenso11(48), 76-81 (IMCO). Recuperado de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)…. – Google Académico

    Villarreal, J., & Tornel, C. (2017). La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente inclusiva. Friedrich-Ebert-Stiftung en México, Recuperado de La Transición Energética en México: retos y … – Google Académico

    H Villavicencio, D., & Millán, J. C. (2020). La transición energética en México: disyuntivas, tensiones y avances en la ejecución del proyecto nacional. Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, (115), 101-118. Recuperado de Villavicencio, D., & Millán, J. (2020). La transición… – Google Académico

  • Corredor Biocultural: un acuerdo histórico para la protección de la Biodiversidad de la Gran Selva Maya

    Corredor Biocultural: un acuerdo histórico para la protección de la Biodiversidad de la Gran Selva Maya

    Una alianza trinacional sin precedentes

    El pasado 15 de agosto de 2025, los gobiernos de México, Guatemala y Belice firmaron en Calakmul, Campeche, la Declaración de Calakmul, mediante la cual se creó el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. Este acuerdo busca proteger y preservar más de 5.7 millones de hectáreas del bosque tropical más extenso de Mesoamérica, considerado la segunda selva tropical más grande del continente después de la Amazonía (Gobierno de México, 2025).

    El acto reunió por primera vez a los tres jefes de Estado: Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Johnny Briceño, primer ministro de Belice. Con este gesto, los tres países refrendaron su voluntad de cooperar en materia de conservación ambiental, desarrollo sostenible y bienestar de las comunidades que habitan en la región.

    La importancia del acuerdo no radica solo en su dimensión territorial, sino también en su significado cultural. La Gran Selva Maya fue hogar de civilizaciones milenarias y hoy continúa siendo refugio de pueblos mayas y afrodescendientes, herederos de una cosmovisión que coloca a la naturaleza en el centro de la vida comunitaria.

    Contexto global y relevancia

    En un escenario marcado por la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, el acuerdo representa un ejemplo mundial de cooperación internacional. Los mandatarios subrayaron que este pacto va más allá de las fronteras políticas y responde a la necesidad de preservar uno de los últimos pulmones verdes del planeta.

    El acuerdo se inscribe dentro de los compromisos globales en materia ambiental, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. En este sentido, la alianza trilateral se posiciona como una contribución significativa a los esfuerzos colectivos de conservación.

    Además, México anunció la segunda fase del programa Sembrando Vida en Guatemala y Belice, con el objetivo de regenerar suelos degradados, restaurar la cobertura forestal y fomentar la autosuficiencia alimentaria. Esta medida complementa la creación del corredor y demuestra que la biodiversidad está estrechamente vinculada al bienestar social.

    Zona de implementación. Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores de México

    La biodiversidad en riesgo

    La Gran Selva Maya alberga alrededor de 7 mil especies de flora y fauna, de las cuales 200 están en alguna categoría de riesgo, 50 son consideradas prioritarias y 250 son endémicas de México (Gobierno de México, 2025). Entre sus habitantes destacan especies emblemáticas como el jaguar, el tapir, el mono araña y el quetzal, cuya conservación depende de la continuidad ecológica que este corredor garantiza.

    Asimismo, la región contiene ecosistemas únicos como selvas tropicales bajas, medianas y altas, manglares y petenes, que desempeñan funciones clave en la regulación del ciclo hídrico y en la captura de carbono. En un mundo que enfrenta temperaturas cada vez más extremas, estas áreas naturales son aliadas indispensables en la mitigación del cambio climático.

    El acuerdo reconoce que sin la participación de las comunidades locales no será posible frenar amenazas como la tala ilegal, los incendios forestales o la expansión de la frontera agrícola. Por ello, se estableció un Consejo trinacional de Áreas Protegidas que coordinará acciones junto a organizaciones ambientales, académicas, sector privado y sociedad civil.

    Patrimonio cultural y natural

    La dimensión cultural de la Gran Selva Maya refuerza el carácter integral del acuerdo. Esta región no solo es biodiversidad, sino también historia viva. Sitios arqueológicos como Calakmul en México, Tikal en Guatemala o El Caracol en Belice son testimonio de la grandeza de los pueblos mayas.

    El reconocimiento del papel de las comunidades indígenas y afrodescendientes como guardianes de la naturaleza representa un paso significativo hacia un modelo de conservación con justicia social. Este enfoque biocultural coloca en el centro la relación indisoluble entre identidad, territorio y biodiversidad.

    La declaratoria también instituye el 15 de agosto como Día de la Gran Selva Maya, así como un reconocimiento al “Mérito a la Conservación”, con el propósito de visibilizar y agradecer a quienes dedican su vida a proteger estos ecosistemas.

    Impactos esperados

    El impacto ambiental del corredor será múltiple. En primer lugar, asegura la conectividad ecológica de más de 50 áreas naturales protegidas de los tres países, lo que facilitará la movilidad de especies y reducirá la fragmentación del hábitat.

    En segundo lugar, fortalecerá la capacidad de enfrentar amenazas compartidas como el tráfico de especies y la deforestación, al crear un marco de cooperación trinacional. Y, en tercer lugar, fomentará prácticas de turismo regenerativo y desarrollo rural sostenible, que permitirán a las comunidades obtener beneficios económicos sin comprometer la biodiversidad.

    En palabras de Claudia Sheinbaum, el acuerdo es “histórico y hermoso”, porque convierte coincidencias geográficas y culturales en una alianza sólida para el futuro (Gobierno de México, 2025). Así, la Gran Selva Maya se consolida como un símbolo de cooperación regional y un referente de cómo el patrimonio natural y cultural pueden integrarse en una visión compartida de sostenibilidad.

    Conclusión

    El Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya es más que un acuerdo ambiental: es una apuesta por el futuro. Sus 5.7 millones de hectáreas representan un santuario de biodiversidad, un reservorio de cultura y una esperanza para millones de personas que dependen de su equilibrio.

    En un momento donde la degradación ambiental amenaza la vida en el planeta, este pacto trinacional se convierte en un recordatorio de que la cooperación y la visión de largo plazo son posibles. La palabra clave de este esfuerzo es clara: biodiversidad, pues protegerla significa defender la vida misma.

    Escrito por Rubén Cors, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas, generación 2025.

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    Referencias

     

     

     

  • México ante el Acuerdo de Alta Mar: Biodiversidad marina, impacto ambiental y financiamiento global

    México ante el Acuerdo de Alta Mar: Biodiversidad marina, impacto ambiental y financiamiento global

    El océano es vasto, profundo y en su mayoría, no pertenece a ningún país. Sin embargo, su riqueza biológica es patrimonio común de la humanidad. En este contexto, el 19 de junio de 2023, las Naciones Unidas adoptaron un tratado histórico: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).

    México se sumó a este esfuerzo multilateral mediante un proceso legislativo que culminó con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de julio de 2025. Este instrumento internacional, adoptado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), representa un parteaguas en la protección de la biodiversidad marina más allá de las fronteras nacionales.

    Créditos de imagen: Imagen de John en Pixabay

    Objeto, alcance y ratificación del Acuerdo

    El objetivo central del Acuerdo BBNJ es crear un marco legal vinculante para proteger la biodiversidad en las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, alta mar, así como los fondos marinos profundos, que representan aproximadamente el 90% del hábitat ocupado del planeta. No se aplica a las zonas marinas que están bajo la jurisdicción de los estados costeros, como el mar territorial o la zona económica exclusiva.

    El Acuerdo BBNJ se centra en cuatro pilares: acceso y distribución equitativa de recursos genéticos marinos, creación de áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental y desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología.

    En México, el proceso de aprobación comenzó con la recepción del acuerdo por parte de la Comisión Permanente del Congreso el 11 de junio de 2025. El Senado lo aprobó por unanimidad el 25 de junio de 2025, y finalmente, el Ejecutivo lo publicó el 22 de julio de 2025 en el DOF como decreto presidencial.

    Este paso coloca a México entre los países que reconocen la necesidad urgente de actuar colectivamente para proteger la biodiversidad en espacios comunes y garantizar su uso sostenible.

    Créditos de imagen: Imagen de Pete Linforth en Pixabay

    Importancia global y relevancia para México

    En el contexto internacional está dándose una creciente conciencia ambiental. En últimas fechas España y Francia ratificaron el tratado, alineándose al objetivo global “30×30”, que busca conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de la superficie terrestre y de aguas continentales del mundo para 2030.

    Al adherirse a este acuerdo, México está haciendo patentes sus compromisos internacionales en materia ambiental. Además, se considera que México podría jugar un rol activo en la región promoviendo un enfoque justo, científico y precautorio de gestión de alta mar. La ratificación del tratado le permite acceder a foros multilaterales, fondos internacionales y decisiones sobre la gobernanza oceánica.

    Sin embargo, esto también tiene implicaciones técnicas, jurídicas y financieras que requieren atención. La implementación del acuerdo exige ajustes normativos y fortalecimiento institucional.

    Evaluación de impacto ambiental: nuevos estándares

    Uno de los elementos clave del acuerdo es la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier actividad que pueda generar impactos significativos en el medio marino en alta mar. Esto incluye la pesca industrial, exploración minera, bioprospección genética o investigación científica.

    Estas evaluaciones deberán cumplir con procedimientos rigurosos como análisis técnicos, consulta pública internacional, revisión científica y monitoreo. Esto representa un cambio de paradigma en la manera en que se entienden las responsabilidades ambientales más allá del territorio nacional.

    En el caso de México, este nuevo marco implicará adaptar leyes nacionales como la LGEEPA y fortalecer las capacidades técnicas de instituciones como SEMARNAT y SEMAR. También se requerirá la formación de expertos en derecho ambiental internacional y ciencia oceánica.

     

    Créditos de imagen: imagen creada con IA.

    Impactos y oportunidades ambientales

    Aunque el tratado se aplica fuera de la jurisdicción nacional, sus beneficios se reflejan dentro de nuestras fronteras. Por ejemplo, la biodiversidad marina migratoria, como ballenas, tortugas y atunes, puede verse protegida al evitar impactos en alta mar que afecten su ciclo de vida.

    Además, establecer áreas protegidas en alta mar ayuda a reducir la presión sobre aguas jurisdiccionales mexicanas, mejorando la salud de los ecosistemas costeros. La aplicación de la EIA también previene daños transfronterizos y fomenta una gestión precautoria.

    Para México, esto se traduce en oportunidades: financiamiento internacional, liderazgo regional y colaboración científica. Sin embargo, el riesgo de no implementar correctamente el tratado podría marginar al país de decisiones clave o derivar en responsabilidades internacionales si actores mexicanos causan impactos sin evaluar adecuadamente sus efectos.

    El fondo financiero del Acuerdo BBNJ

    Para hacer posible todo lo anterior, el tratado crea un Fondo de Implementación, destinado a apoyar a países en desarrollo en la ejecución de sus obligaciones. Este fondo podrá recibir aportaciones voluntarias, recursos de beneficios derivados de recursos genéticos marinos, y eventualmente contribuciones obligatorias.

    México puede acceder a este fondo para capacitación, investigación, elaboración de EIA, desarrollo tecnológico y participación en órganos internacionales. Esto permitirá fortalecer sus capacidades sin depender exclusivamente del presupuesto federal.

    El fondo también busca asegurar equidad, es decir, que los beneficios de proteger la biodiversidad sean compartidos entre todos los países, no solo aquellos con capacidad tecnológica avanzada.

    Implicaciones financieras y de gobernanza

    El acceso al fondo dependerá de que México diseñe estrategias claras, identifique proyectos prioritarios y establezca mecanismos de rendición de cuentas. También podría, en el mediano plazo, considerarse como contribuyente, en función de su nivel de desarrollo.

    Este esquema impulsa una nueva forma de diplomacia ambiental basada en la corresponsabilidad. México deberá crear puentes entre su política nacional oceánica y la implementación del tratado, integrando a actores científicos, pesqueros, indígenas y sociedad civil.

    Así, el Acuerdo BBNJ no es sólo un tratado ambiental, sino que también es una plataforma de colaboración global que redefine cómo se gestiona y se comparte la biodiversidad.

     

    Créditos de imagen: de acceso libre

    Conclusión

    La firma y ratificación del Acuerdo BBNJ por parte de México representan un paso valiente y necesario hacia una gobernanza oceánica responsable. No solo es una obligación legal, sino una oportunidad estratégica para proteger la biodiversidad, acceder a financiamiento, modernizar capacidades técnicas y posicionarse como un líder ambiental.

    El reto ahora es implementar este compromiso de forma efectiva. La biodiversidad marina no espera y el océano tampoco. México ya dio el primer paso, ahora, toca navegarlo con visión, justicia y responsabilidad.

    Escrito por Rubén Cors, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas, generación 2025.

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    REFERENCIAS 

    Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 22 de julio de 2025:

    Diario Oficial de la Federación. (2025, 22 de julio). Decreto por el que se aprueba el Acuerdo en el marco de la CONVEMAR relativo a la biodiversidad marina en alta mar. https://sidof.segob.gob.mx/notas/5763479

    Bibliografía consultada:

    Naciones Unidas. (2023). Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. https://www.un.org/bbnj

    Naciones Unidas. (2023, 19 de junio). Acuerdo BBNJ: Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional. https://www.un.org/bbnjagreement/es

    Hutchins, R. (2025, 13 de febrero). Spain and France first EU nations to ratify UN High Seas Treaty. Oceanographic Magazine. https://oceanographicmagazine.com/news/spain-and-france-first-eu-nations-to-ratify-un-high-seas-treaty/

    Oceana in Europe. (2025, 29 de mayo). Oceana welcomes EU ratification of High Seas Treaty as a key step to reach the 30×30 goal. Oceana. https://europe.oceana.org/press-releases/oceana-welcomes-eu-ratification-of-high-seas-treaty-as-a-key-step-to-reach-the-30×30‑goal/

    High Seas Alliance. (2023). The Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Treaty explained. https://www.highseasalliance.org/treaty-explained/

    United Nations. (2023). A historic moment for ocean governance: Adoption of the BBNJ Treaty. UN Chronicle. https://www.un.org/en/chronicle/article/historic-moment-ocean-governance

    Greenpeace International. (2023, March 5). Treaty agreed to protect the High Seas after two decades of talks. https://www.greenpeace.org/international/story/58249/un-high-seas-treaty-agreed-2023/

    Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. (2023). BBNJ Treaty and its contribution to the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. https://www.oceandecade.org

    Ramírez Mendoza, E. (2025, 26 de junio). SRE celebra ratificación de Acuerdo sobre el Derecho del Mar. UnoTV. Recuperado de https://www.unotv.com/nacional/sre-celebra-ratificacion-de-acuerdo-sobre-el-derecho-del-mar/

    Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social. (2025, 11 de junio). Recibe Comisión Permanente el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Senado de la República. https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comisionp/cp-comunicados/12108-recibe-comision-permanente-el-acuerdo-en-el-marco-de-la-convencion-de-las-naciones-unidas-sobre-el-derecho-del-mar

    Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social. (2025, 20 de junio). Comisión Permanente convoca a ambas Cámaras del Congreso a un periodo extraordinario de sesiones. Senado de la República. https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comisionp/cp-comunicados/12146-comision-permanente-convoca-a-ambas-camaras-del-congreso-a-un-periodo-extraordinario-de-sesiones

    Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social. (2025, 24 de junio). Avalan en comisión acuerdo para protección del mar fuera de la jurisdicción nacional. Senado de la República. https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/12177-avalan-en-comision-acuerdo-para-proteccion-del-mar-fuera-de-la-jurisdiccion-nacional

    Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social. (2025, 25 de junio). Senado avala Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Senado de la República. https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/12214-senado-avala-acuerdo-en-el-marco-de-la-convencion-de-las-naciones-unidas-sobre-el-derecho-del-mar

    Relaciones Exteriores [@SRE_mx]. (2025, 26 de junio). El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrenda en los hechos su compromiso con el medio ambiente y las generaciones futuras [Tuit]. X. Recuperado de https://x.com/SRE_mx/status/1938073497655181458

    Wikipedia. (s.f.). Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de Jurisdicción Nacional. https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_la_Conservaci%C3%B3n_y_Uso_Sostenible_de_la_Biodiversidad_Marina_m%C3%A1s_all%C3%A1_de_las_Jurisdicciones_Nacionales

     

     

     

  • Diplomado “Avances y Tendencias de los Sistemas Ambientales”

    Diplomado “Avances y Tendencias de los Sistemas Ambientales”

    Transversalidad: cuando el marco legal no es suficiente

    Este planteamiento surge de una reflexión propia, inspirada en los temas abordados por el Dr. Adolfo Mejía Ponce de León, Presidente de la Federación Mexicana del Colegio de Biólogos y del Colegio Profesional de las Ciencias Biológicas del Estado de México, en su clase magistral “Transversalidad y Política Pública Ambiental. El caso de los Gobiernos Subnacionales”, ofrecida como parte del Diplomado “Avances y Tendencias de los Sistemas Ambientales” de la Universidad del Medio Ambiente.

    Con una mirada crítica y realista, el Dr. Mejía compartió por qué muchas leyes ambientales no se aplican adecuadamente. El problema, explicó, no siempre está en el contenido legal, sino en la falta de articulación entre órdenes de gobierno, la desconexión entre sectores y la ausencia de participación ciudadana.

    Obstáculos de las políticas públicas ambientales

    Uno de los mayores obstáculos para la efectividad de las políticas públicas ambientales es la fragmentación institucional. En muchas ocasiones, los programas y proyectos se diseñan desde un solo sector, sin dialogar con otras áreas clave como salud, movilidad o desarrollo urbano.

    Cuando no se logra una coordinación efectiva, las acciones se duplican, se contradicen o simplemente no llegan a su destino. Aquí es donde la transversalidad se vuelve fundamental. Sin ella, la gestión ambiental se debilita, por más leyes que existan.

    Desde la Cumbre de Río de 1992, los gobiernos subnacionales (estatales y municipales) comenzaron a asumir un rol más activo en temas ambientales. En México, cada estado tiene leyes y dependencias dedicadas al medio ambiente, pero no todas cuentan con estructuras sólidas ni con los recursos suficientes para cumplir con sus funciones.

    Articulación institucional

    El Dr. Mejía enfatizó que las políticas ambientales no pueden operar solamente desde el ámbito federal, pues muchas competencias están repartidas entre distintos órdenes de gobierno. La falta de alineación entre ellos afecta directamente la gobernabilidad ambiental.

    Además de la articulación institucional, la gobernanza implica abrir espacios a la ciudadanía, garantizar transparencia, asegurar acceso a la justicia ambiental y construir confianza. Todo esto es esencial para que las decisiones públicas respondan a las necesidades reales del territorio.

    No basta con tener leyes técnicamente correctas. Se requiere voluntad política, capacidad técnica y participación efectiva para que las normas se traduzcan en cambios tangibles en el entorno.

    Diplomado “Avances y Tendencias de los Sistemas Ambientales” 

    Ante estos retos, formarse en gestión ambiental con una mirada actualizada y multidisciplinaria es una necesidad urgente. Por eso, el Diplomado “Avances y Tendencias de los Sistemas Ambientales” de la UMA ofrece un espacio de actualización profesional para quienes buscan incidir con mayor claridad y herramientas.

    Con seis módulos temáticos sobre cambio climático, biodiversidad, agua, economía circular o ciudades sustentables el programa combina conocimiento técnico, marco normativo y análisis de contexto. Además, fomenta el diálogo sobre barreras y oportunidades para la implementación efectiva de las políticas públicas.

    Este diplomado está dirigido a profesionales de biología, ecología, ingeniería ambiental, derecho, ciencias políticas, economía y otras disciplinas afines. Personas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a la sostenibilidad y quieren hacerlo de forma más efectiva.

    En un contexto donde la complejidad ambiental exige soluciones integrales, la transversalidad no es solo un concepto técnico, es una forma de trabajo que marca la diferencia entre el papel y la acción.

    Escrito por Martha Vargas, estudiante de la maestría en Derecho Ambiental y Política Pública

    Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

    Si te interesa profundizar en los temas abordados en esta clase magistral y fortalecer tu práctica profesional con una mirada integral, técnica y contextualizada, te invitamos a inscribirte al Diplomado “Avances y Tendencias de los Sistemas Ambientales” de la UMA. Este programa ofrece herramientas actualizadas para quienes buscan incidir de manera efectiva en la gestión ambiental en México. Consulta los detalles e inscríbete aquí: Avances y tendencias sobre los sistemas ambientales – Universidad del Medio Ambiente %