Category: Derecho y Política Pública

El pasado 6 de marzo de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación la NOM-003-SEDATU-2023, que tiene como objetivo fortalecer el sistema territorial para resistir, adaptarse y recuperarse ante amenazas de origen natural y de cambio climático a través del ordenamiento territorial.

Con fundamento en el artículo 9, fracción V de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), esta Norma Oficial Mexicana se compone de 8 capítulos que describen los objetivos y campos de aplicación, definiciones, lineamientos y sobre todo el procedimiento de evaluación y vigilancia que deberán llevarse a cabo en la aplicación de estos preceptos, que a grandes rasgos buscan prevenir las amenazas de origen natural provenientes del incesante cambio climático.

Ámbito de aplicación de la NOM

Aunado a lo anterior, el ámbito de aplicación de esta NOM será en los procesos de elaboración o actualización de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a los que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 23 de la LGAHOTDU y sus derivados:

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de:

1. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;
2. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;

III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;

1. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y
2. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

 

Imagen obtenida de pixabay.

¿Una Norma con principios socio ecosistémicos?

Como instrumento regulatorio la NOM presenta 10 principios adaptados a las realidades ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas del territorio, para ser considerados en la elaboración o actualización de los planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Estos principios son los lineamientos para el fortalecimiento del sistema regulatorio aunado a un enfoque socio ecosistémico y multisectorial, estos principios son (NOM-003-SEDATU-2023, 2023):

 

Diagrama elaborado por Alexander Brewster R.

 

De este modo, dicha Norma Oficial busca que tanto los Estados como Municipios prevengan, aminoren y a su vez se recuperen de los efectos causados por fenómenos naturales a través de un enfoque socio ecosistémico contemplando los principios antes descritos, a modo de fortalecer la resiliencia de las prácticas y el territorio mismo.

NOM-003-SEDATU reconoce la complejidad que caracteriza el territorio mexicano

Finalmente se establecen a lo largo de esta NOM 4 escalas de planeación (regional, estatal, metropolitana y municipal).

Cada escala integrada por cinco subsistemas territoriales: ambiental, social, cultural, económico y gobernanza, así como los lineamentos que deben integrarse en cada uno de los planes y programas de ordenamiento territorial.

Lo anterior, lleva a reflexionar sobre las distintas jurisdicciones o ámbitos de competencia para tomar las decisiones que se ajusten a las necesidades comunitarias o municipales.

Imagen obtenida de pixabay.

Conclusiones

La NOM-003-SEDATU-2023 representa el progreso para la construcción de territorios más resilientes en México, ya que ofrece una hoja de ruta para el desarrollo más sostenible y seguro.

Sin duda, para que su implementación sea efectiva requerirá el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, pero todos los beneficios a largo plazo serán en beneficio del medio ambiente, y por ende el bienestar de los mexicanos.

Escrito por Alexander Brewster R. estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública dentro de la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

 

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El programa busca facilitar el aprendizaje de un marco metodológico que ayude a comprender y abordar un conflicto socioambiental en
cualquiera de sus diferentes etapas.

La información completa de la especialidad la pueden consultar en:

Incidencia en Conflictos Socioambientales – Universidad del Medio Ambiente % (uno.umamexico.com.mx/wp69/)

Fecha de inicio: 8 de abril del 2024.

https://uno.umamexico.com.mx/wp69/tienda/incidencia-en-conflictos-socioambientales/

En un mundo marcado por la complejidad de la migración, los conflictos socioambientales emergen como una de las principales variantes directas detrás de los movimientos poblacionales. La migración, en todas sus formas, representa un desafío y a su vez una oportunidad, tanto para los Estados de acogida, así como para las personas en situación de migración.

En este contexto, es fehaciente reconocer la necesidad de que todos los Estados comprometidos por voluntad política, coadyuven con el seguimiento e implementación del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular.

Los desastres naturales, la degradación del medio ambiente y la escasez de recursos son factores que impulsan la migración de comunidades enteras en busca de seguridad y sustento, ya que, como bien se menciona las personas no logran garantizar su supervivencia debido a la nueva realidad de las condiciones climáticas. Poniendo como ejemplo a México como un país con un nivel de sequías nunca antes vistas, así como en Metztitlán Hidalgo, con su laguna convertida en desierto, o Monterrey Nuevo León, y su zona conurbada, con sus emblemáticas autoridades reconocidas por su continua violación a derechos humanos y su carente interés por respetarlos.

La implementación de un protocolo de supervisión migratoria específico para esta realidad es fundamental para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, las cuales se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a factores medioambientales, mismos que en su mayoría son provocados por factores sociales.

El Compromiso con la Justicia Socioambiental

Un Protocolo de esta índole se centraría en la identificación temprana, la atención integral y la integración sostenible de las personas migrantes afectadas por los conflictos socioambientales, cabe destacar que en México desde 2018 ha llovido un 20% menos; por otra parte, los mares cada vez consumen partes considerables de las comunidades costeras, y se estima que para 2050 podrían haber más de 3 millones de personas mexicanas desplazadas de sus hogares debido al cambio climático.

Desde la evaluación de riesgos hasta la provisión de apoyo psicosocial, cada etapa del proceso migratorio debe estar guiada por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La colaboración interinstitucional, la participación social y el respeto por la consulta previa, libre e informada son aspectos fundamentales para garantizar una respuesta efectiva y empática a la migración por conflictos socioambientales.

Créditos de imagen: Andrés Melesio Garza Gonzáles

Contar con el precedente para prevenir en el presente

El interés de contar con una herramienta enfocada en la supervisión migratoria es dado a que no solo se busca mitigar los impactos negativos de la migración por conflictos socioambientales, sino también, crear un precedente a nivel nacional para que cada estado pueda cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas afectadas. La inversión en programas de desarrollo sostenible, la creación de política pública y la participación ciudadana en la toma de decisiones, son elementos esenciales para construir un futuro progresista y sostenible para todas las personas; asimismo, la concientización pública, la educación ambiental y la acción climática son herramientas poderosas para abordar las causas subyacentes de la migración por conflictos socioambientales y promover soluciones a largo plazo.

La migración socioambiental es un fenómeno que no va a desaparecer, y menos en la realidad tan apática y carente en la cual vivimos; sin embargo, este mundo cambiante nos desafía a repensar nuestra relación con el medio ambiente y nuestras responsabilidades hacia las personas que se encuentran viviendo en interseccionalidad.

 

Créditos de imagen: Andrés Melesio Garza Gonzáles

Conclusiones

En conclusión, la creación de un “Protocolo de Supervisión Migratoria” representa un paso significativo para los gobiernos hacia una respuesta más efectiva y humanitaria como prevención de la migración por conflictos socioambientales.

Es a través del compromiso colectivo junto a las acciones coordinadas que podemos brindar protección y apoyo a las comunidades afectadas, a fin de construir un mundo tanto resiliente como sostenible para las generaciones futuras. Por lo consiguiente, con el enfoque adecuado y la implementación eficaz de políticas y protocolos, podemos allanar el camino hacia una migración más segura, ordenada y regular para toda la humanidad.

 

Escrito por Andrés Melesio Garza Gonzáles, Especialista en Violencia Basada en Género en ChildFund y estudiante de la Especialidad “Incidencia en Conflictos Socioambientales”, de la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

 

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Gobierno, empresas, comunidades y grupos sociales se enfrentan a retos socioambientales cada vez más complejos, que requieren ser atendidos con una mirada integral e interdisciplinaria.

Es por ello que nuestra Especialidad no se enfoca únicamente en la resolución de conflictos, sino que pone énfasis en comprenderlos, identificar los medios disponibles para su posible prevención y, en caso de que se presenten, la implementación adecuada de herramientas para su manejo y transformación.

El programa busca facilitar el aprendizaje de un marco metodológico que ayude a comprender y abordar un conflicto socioambiental en
cualquiera de sus diferentes etapas.

La información completa de la especialidad la pueden consultar en:

Incidencia en Conflictos Socioambientales – Universidad del Medio Ambiente % (uno.umamexico.com.mx/wp69/)

Fecha de inicio: 8 de abril del 2024.

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¿Nuestro sistema en México es reactivo y ve a las personas como expedientes, o es preventivo y ve a las personas como seres humanos con necesidades para solucionar problemas?  En el marco de esta discusión surge esta Ley de orden público, de interés social y observancia general, la cual busca mejorar las bases de nuestro sistema jurídico.

Así, el 26 de enero del año en curso, se publicó el decreto por el que se expide un eje fundamental para la solución de controversias y la impartición de justicia en México: la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) con una reforma y una adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Nuevas maneras de resolver un conflicto social

Dicha Ley tiene como finalidad establecer las bases, principios generales y competencias para propiciar, a través del diálogo, soluciones ágiles a un conflicto entre particulares.

De este modo los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) cobran cada vez mayor relevancia por la economía y rapidez procesal frente a las formalidades de un juicio típico.

Se presentan en esta Ley como mecanismos alternativos los siguientes (Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 2024, Artículo 4°):

• Negociación: Es el proceso por virtud del cual las partes, por sí mismas con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o conflicto;
• Negociación Colaborativa: Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y si fuera necesario, el apoyo de terceros;
• Mediación: Procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Se entenderá que existe Comediación cuando participen dos o más personas facilitadoras;
• Conciliación: Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora, y
• Arbitraje: Proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica.

En este último, con la participación de una persona tercera llamada árbitro quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según proceda.

Mecanismos alternativos ampliando el abanico de soluciones

La misma Ley define a los MASC como “Procedimientos no jurisdiccionales, cuyo objeto, consiste en propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas, a través de concesiones recíprocas, en una controversia o conflicto presente o futura. (Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 2024, Artículo 5o)”

La definición anterior evidencia la intención del legislador para despresurizar las cargas en las instituciones jurisdiccionales ampliando las opciones de atención para los conflictos de manera más efectiva en los casos aplicables.

Con 9 capítulos y 144 artículos (más 17 transitorios) dicha Ley sienta la naturaleza, objeto, competencias, la tramitación de estos mecanismos y el régimen de responsabilidades y sanciones.

Asimismo, se presentan distintas figuras como el de “Personas Facilitadoras”, las personas físicas certificadas en el tema, el “Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, es el lugar donde se practicarán estos mecanismos en materia de Justicia Administrativa, o el “Convenio”, documento físico donde constarán los acuerdos entre las partes los cuales a través de estos mecanismos tendrán carácter de cosa juzgada.

Mínimos en la expedición de justicia

Esta Ley aplica para todo el país, de manera supletoria tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde igualmente se establecen los principios de voluntariedad, buena fe, imparcialidad y disposición de las partes en la aplicación de estos Mecanismos Alternativos.

Emitida por el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 73 Fracc. XXIX A., y también el artículo 17 de la CPEUM (aunque este lo asociamos más con la idea de justicia alternativa en materia penal), esta Ley abroga las demás leyes de justicia alternativa que tienen los Estados con la finalidad de dar homogeneidad y brindar una opción para la resolución de los conflictos.

Establecido lo anterior, más que acotar preceptos jurídicos, esta Ley presenta mínimos a cumplir en la expedición de justicia en México por parte de servidores públicos y particulares en la materia. Ejemplo de lo anterior es la mención que hace la Ley sobre la justicia restaurativa y la capacitación requerida por parte de la persona facilitadora.

 

¿Qué sigue después de esta Ley?

La Ley establece la creación de un Consejo especializado en la materia, integrado por las personas titulares de los centros públicos de Mecanismos Alternativos. Una vez instalado este Consejo, se expedirán lineamientos generales para aplicación de esta Ley en toda la República Mexicana.

Las entidades federativas tendrán hasta 1 año para adecuar sus marcos normativos para dar cumplimiento a dicha Ley, y cumplir asimismo con mínimos en temas de certificación y capacitación para los facilitadores y demás figuras establecidas. Es interesante observar por medio de esta Ley la respuesta del sistema jurídico a las necesidades de la ciudadanía, sentando cimientos para un ordenamiento más amplio en la defensa de los derechos.

Por último, de modo práctico hay que entender que la elección de un medio u otro para solucionar las controversias dependerá siempre de las particularidades del caso, por ello es importante tener en cuenta que, con independencia del medio empleado, debe prevalecer en cada fase de la conciliación, la búsqueda de la paz y la dignidad humana.

Escrito por Alexander Brewster R., estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública dentro de la Universidad del Medio Ambiente.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente.

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Gobierno, empresas, comunidades y grupos sociales se enfrentan a retos socioambientales cada vez más complejos, que requieren ser atendidos con una mirada integral e interdisciplinaria.

Es por ello que nuestra Especialidad no se enfoca únicamente en la resolución de conflictos, sino que pone énfasis en comprenderlos, identificar los medios disponibles para su posible prevención y, en caso de que se presenten, la implementación adecuada de herramientas para su manejo y transformación.

El programa busca facilitar el aprendizaje de un marco metodológico que ayude a comprender y abordar un conflicto socioambiental en
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Fecha de inicio: 8 de abril del 2024.

En el tremendo hito de los desafíos ambientales y la imperante necesidad de que las políticas públicas que se apliquen para enfrentarlos, la UMA ha desarrollado un modelo educativo que permite a los profesionistas interesados en el medio ambiente, tener una oportunidad de transitar por un sendero más iluminado hacia un futuro sostenible.

Este blog explorará las razones, oportunidades y el impacto de embarcarse en esta emocionante travesía académica que solo la UMA te puede ofrecer.

¿Derecho ambiental?

Estudiar la maestría en Derecho Ambiental proporciona el conocimiento profundo necesario para comprender y abordar los desafíos ambientales desde una visión nacional e internacional.

Pero que va desde la protección de la biodiversidad hasta la gestión sostenible de los recursos naturales, la maestría ofrece una perspectiva integral para aquellos que desean ser agentes de cambio.

¿Política Pública?

La toma de decisiones informada y la implementación efectiva de políticas pueden transformar comunidades y, en última instancia, la sociedad en su conjunto. Al estudiar una maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, los estudiantes se convierten en defensores de un futuro más verde y equitativo.

Contribuyen al diseño de políticas que equilibran el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, generando un impacto duradero y positivo.

Conclusión

En resumen, embarcarse en una maestría en Derecho Ambiental y Política Pública es más que una elección académica; es un compromiso con la creación de un mundo más sostenible.

Este viaje en la UMA no solo nutre el intelecto, ofrece nuevas amistades, retos y compromisos, sino que también proporciona las herramientas necesarias para ser un agente de cambio en la intersección crucial entre la ley y las políticas públicas.

Bienvenidos generación 2024, gracias por permitirse fluir en este viaje y ser las “ovejas verdes” que quieren un futuro más verde y próspero.

 

Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

Imagina que junto con tu esposo tomas la decisión de estudiar una de las maestrías que ofrece la Universidad del Medio Ambiente, porque compartes el interés sobre problemas socioambientales que suceden en tu lugar de residencia, y que tu profesión es totalmente contraria a la maestría que elegiste, y que, aunque estas muy emocionada sabes que esta decisión implica una serie de retos de los cuales no tienes certeza, pero estas a punto de descubrir.

Interesante ¿no?, pero esto no solo es ficción, es completamente real, y forma parte de la vida de Natalia, estudiante en proceso de titulación de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, quién junto a su esposo David, que también es estudiante en proceso de titulación de la Maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, tomaron la importante decisión de no solo de obtener un título de maestría, sino de dejarse llevar en el maravilloso proceso que solo la UMA te puede ofrecer.

Este proceso, le permitió a esta pareja durante las clases virtuales y presenciales, vivieran una experiencia educativa y profesional única, pues en la UMA consideramos que el primer cambio a perseguir es el de uno mismo.

 

Créditos de imagen: Ismael Jiménez, fotógrafo

Es así que Natalia y David desarrollaron su proyecto, que tiene como título “Revalorando los suelos norteños”. Como mencioné líneas antes este proyecto lo trabajó con su esposo que también estudia una maestría en la UMA. Ambos residentes de Nuevo León y apasionados en temas ambientales, pero dejemos Natalia nos explique:

Natalia, platícanos ¿Cuál es el objetivo de su proyecto?

El objetivo del proyecto es atacar una misma problemática, es en este punto donde nuestro primer reto fue conjugar cómo desde ambas maestrías se podría aplicar una visión sistémica en Nuevo León, es decir, que las reglas operativas de los proyectos que ya existen en Nuevo León faciliten a proyectos de producción con técnicas no convencionales, o sea, qué está pasando en nuevo León que se beneficie a proyectos convencionales y no otros como los agroecológicos y orgánicos.

Créditos de imagen, Natalia Delgado

Esta es una misma problemática, y lo que hicimos es atacarla desde dos frentes, desde la Política Pública que consiste en comprender, analizar y entender bien de dónde surge este problema y también la percepción del derecho correspondiente al tema de leyes vigentes, reglamentación, por qué no se aplican, y desde la visión de la Agroecología y sistemas Alimentarios Regenerativos, que es la maestría que estudia mi esposo.

La interdisciplina

Entender el problema desde la raíz política y desde parte técnica de la agroecología en Nuevo León implicó entender cómo es que se pueda aplicar un proyecto como estos, desde las capacidades que tiene el suelo ya que hay temas escases de agua, ¿Cómo defender un proyecto de producción de alimentos basados en la agroecología en una zona semiárida?

Por lo que desde la parte técnica se analizaron suelos, se buscó la existencia de otros proyectos que ya existen en nuevo León, y a través de entrevistas y visitas a otros proyectos que ya existen, nos sirvió como soporte para conocer sus experiencias, los retos a los que se enfrentaron y si aún continúan vigentes sus proyectos. Sobre todo, comprender que hay costos iniciales más grandes a mercados convencionales.

Quiero decir, al productor orgánico le cuesta más producir porque las técnicas son más elaboradas y requieren de más tiempo, desde la fabricación de los fertilizantes, pues al ser orgánicos requieren más mano de obra.

¿Qué otros retos descubrieron?

Pues nos dimos cuenta de que, por lo menos en Nuevo León no se visualizaban muchos apoyos por parte del estado para este tipo de proyectos, existe una alineación federal como el programa sembrando vida para proyectos orgánicos, pero el tema agroecológico no está posicionado.

Sabemos que, sí existe la palabra en el ámbito político, pero a nivel estatal no hay nada especifico en las leyes, por lo que eso ya era una señal para nosotros de que estábamos en el camino correcto.

Es un tema muy extenso, pero en la UMA y como ejecutor del proyecto se busca implementarlo ¿el cómo? Darle muchas vueltas hasta encontrar un proyecto que pueda ser ejecutable en cuatro meses.

Por lo que lo redujimos a tal manera, que nos fuimos desde el GRAN PROBLEMA, de que no existen las leyes, hasta un tema social donde nos dimos cuenta de que sí hay productores agroecológicos, pero están dispersos.

No existían vías de comunicación para compartir información de los productos, experiencias, por lo que nos sentíamos que no había nadie agroecológico en Nuevo León, nos sentíamos luchando contra marea, porque no había información a nivel local.

Luchar contra marea, ¿cómo fue esta experiencia?

Con los recursos disponibles en redes sociales, buscador de la web, todo lo básico comenzamos a buscar a través de cadenas de comunicación, y pudimos contactar a un productor que ya tiene experiencia en la producción y venta de productos orgánicos y técnicas agroecológicas.

Este productor nos ayudó a contactar a otros, y es aquí donde nace una red agroecológica que va impulsada desde mi maestría en Derecho Ambiental y Política Pública, y prácticamente consistió en citarlos en lugar público para presentarnos y entrevistarles para conocer sus inquietudes en este tema de la producción agroecológica.

Aunque esto no fue nada sencillo, porque al principio nadie confirmó, pero el poder de las redes permitió que llegaran de 12 a 15 personas, y con este comienzo, surgieron tres reuniones más.

De propósitos ambiciosos a uno solo, ¿en qué consistió?

No teníamos idea de la magnitud de esto, pero comprendimos que los propósitos eran muy ambiciosos, por lo que en la primera reunión decidimos ir desde lo básico, ¿quién eres? ¿Qué produces? ¿Dónde está tu rancho?, por lo que esto ayudó mucho a concentrarnos en un solo propósito.

Esto me permitió que el propósito para cerrar el semestre consistiera en consolidar un matriz con los interesados en formar una red y tener alternativas para consolidarla a futuro de manera formal.

Por lo que tuvimos entrevistas con personas que tienen experiencia con certificados orgánicos, hablamos sobre la CERTIFICACION ORGANICA PARTICIPATIVA que es de gobierno Federal; todo esto a través de opiniones y entrevistas.

Se cerro el semestre con varias alternativas y la idea ahora es definir si seguimos a bordo todos como una comunidad, pues a la fecha ha habido bajas y algunos preguntan qué sigue, pero el futuro de esto depende del mismo grupo para saber ¿cómo podemos seguir?

Para mí fue un gran aprendizaje, porque lo veía solo como requisito de la escuela para obtener el título de la maestría, pero esto va más allá, existe el interés y hay que seguir, no me dedico a esto, pero todo aquello que trabajamos en investigación activa del entusiasmo sí existe.

Esto no es un juego, hay un compromiso, porque, aunque yo no me dedico a esto, pero mi entusiasmo está vivo, me conmovieron las sesiones por lo que me hace sentir que quiero seguir en la medida de mis posibilidades para que en un futuro pueda arrancar solo este proyecto ya sin necesidad de ser facilitadora o intermediaria.

Créditos de imagen, Natalia Delgado

Natalia, ya que eres arquitecta ¿cómo la MDAPP contribuyó a tu desarrollo profesional siendo que es una materia nueva para ti?

En cuanto a mi profesión no tenía experiencia en temas regulatorios solo básico para construir en Nuevo León así que lo primero que me impactó, porque no tenía cercanía, fue el lenguaje de política, es especial y especifico, me sentí bloqueada, una guerra de idiomas que me hacía sentir perdida.

Pero hasta cierto punto fue más como una decisión propia, de poderme bloquear o entrarle y decir, a ver ¿qué significa este concepto?, oye ¿qué es esto?,¿a qué te refieres?, por lo que le fui perdiendo el miedo, los maestros me permitieron perder el miedo por ser muy abiertos a explicar y ayudarme a comprender.

Créditos de imagen: Ismael Jiménez, fotógrafo

¿Cuál era tu percepción de la Política Pública?

Yo entendía que solo el servidor público puede hacer incidencia, yo estaba muy terca porque no sabía qué hacer ya que mi proyecto va desde la percepción de la iniciativa privada.

Al principio veía muy separado lo público de lo privado y no entendía, yo insistía que la MDAPP estaba enfocada para servidores públicos, pero poco a poco fui comprendiendo la conexión, la forma de incidir desde el otro extremo que es la sociedad.

El entender que herramientas y posibilidades existen como individuos y como sociedad para cualquier tema, que se puedan aplicar desde la incidencia de la política pública.

 

Diagrama elaborado por: Natalia Delgado y David Cerda

¿Cómo concluyes Natalia? ¿Qué sigue?

Yo me arriesgué, nos arriesgamos mucho con la frase con la que cerramos el speach “En Nuevo León, sí se puede hacer Agroecología”, que es poder, poder plantar, vender, enseñar, hay mucho que puede ser agroecología.

Lo que más me sorprendió de todo esto fue ver a gente llegar a la reunión sin saber quién llegaría, sin conocerlos o tener la certeza de si imprimir una hoja de encuesta o imprimir veinte, ¡no sé cuántos vendrán!, le decía a mi esposo, pero la sorpresa de no creer en algo y que luego te sorprenda fue algo muy emocionante y que mantiene vivo mi entusiasmo.

 

 

Escrito por Karmina Isabel Álvarez Velázquez, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Las clases magistrales que ofrece la Universidad del Medio Ambiente a través del Área de Derecho Ambiental y Política Pública, es una manera de aproximarse a la evolución del derecho ambiental a partir de las experiencias y conocimientos técnicos de quien ha estado trabajando los temas en diversos ámbitos de la práctica y experiencia jurídica.

Esta vez, la clase magistral se centró en el Acuerdo de Escazú, en la cual se comenzó por una explicación de la definición de justicia y su evolución a justicia ambiental, hídrica, climática etc.; abordando que el derecho a la justicia ambiental es un derecho humano y que es parte de la evolución y progresión de los derechos humanos que se han reconocido.

 

Justicia Ambiental

El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental comprende muchos conceptos de acuerdo con la amplitud de los conceptos que abarca, señalando que es un derecho revolucionario e insurgente porque por una parte revoluciona conceptos establecidos del derecho clásico y que se revolucionan mediante el derecho ambiental (conceptos de derecho público-privado, penal, civil y demás ramas del derecho.

Aborda las dos dimensiones del derecho ambiental al señalarse que hay una dimensión objetiva que señala que independientemente del uso o función que cumplen los elementos naturales como el agua el aire o la biodiversidad, estos tienen un valor intrínseco y debe velarse mediante el derecho por su protección y por otra parte la visión subjetiva que aborda esa función que  corresponde a la protección del derecho por la función antropocéntrica o servicio que brinda el elemento natural a protegerse.

Imagen de Ezequiel Octaviano en Pixabay

Progresividad del derecho ambiental

Resulta interesante la temporalidad del derecho ambiental y su carácter intergeneracional puesto que tutela los derechos de la generación actual pero también y de forma especial protege el medio ambiente que dejaremos a las siguientes generaciones, adquiriendo una dimensión de temporalidad mayor y como esto debe entenderse por las instituciones.

En lo colectivo e individual es un tema que nos interesa a todos por las implicaciones y repercusiones que tiene en nuestro entorno y modo de vida, ante esto se explica la dimensión legal que adquiere el medio ambiente y su representación ante las diversas instituciones.

Imagen de Rudy and Peter Skitterians en Pixabay

El derecho ambiental y el acuerdo de Escazú

Se hace la presentación de la evolución internacional del derecho ambiental y el acuerdo de Escazú ratificado y publicado el 22 de abril de 2021, el cual reconoce y establece estándares de acceso al a justicia, señalando el derecho a la información, participación y acceso a la justicia, además de establecer disposiciones específicas a favor de los y las defensoras de los Derechos ambientales, esto en respuesta a las últimas estadísticas de violencia y presión que se sufre en la región respecto de los defensores ambientales.

Al mismo tiempo se hace de observación obligatoria el cumplimiento de este tratado por los tres niveles de gobierno y por los poderes ejecutivo legislativo y judicial respectivamente, explicando desde la práctica lo que esto significa para el ejercicio del Derecho. La protección a los defensores ambientales se establece de misma forma obligatoria para todas las instancias de gobierno y es un concepto que se aborda y desarrolla ampliamente.

 

Principios del derecho ambiental en el acuerdo de Escazú reconocidos por la Suprema Corte

Se explica con claridad la inclusión de los principios que rigen el derecho ambiental y como son importantes para la aplicación y creación del derecho mediante la interpretación de una norma ante las omisiones o contradicciones legales que deberán aplicarse en la interpretación de los casos prácticos y sirven para individualizar aquellos conceptos que no han sido posible definirse de forma universal.

La relevancia de estos principios ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalándose el principio de progresividad, que en materia ambiental ha definido posturas que impiden disminuir el estándar de protección de un área natural protegida.

De la misma forma el principio de prevención, consistente en que ante la evidencia científica que tenemos y sabemos que provoca un daño, los estados deberán prevenir causar cualquier daño, por tanto, se imponen instrumentos como la evaluación de impacto ambiental (manifestación de impacto ambiental).

Imagen de succo en Pixabay

También se señala el principio precautorio que establece que el juzgador podrá revertir la carga probatoria o buscará allegarse de la información científica mediante el posible causante del daño ambiental, además de señalarse el valor de los servicios ambientales que se protegen como el elemento prioritario a resguardar.

Algo muy importante es que hay un principio que destaca, pero que no se encuentra explícito en ciertos instrumentos legales, es el principio “in dubio pro natura”, concepto que se explica a profundidad y fundamenta una evolución normativa.

Pero ¿Qué más se aborda?

Durante la clase magistral se abordaron temas como, los mecanismos de reparación del daño que se deben de imponer al causante de este daño de tal forma que restituya las cosas al estado que guardaban previo a la afectación.

Las dudas que surgieron motivaron un dialogo muy interesante sobre derechos de la naturaleza, del material genético de las plantas nativas y representación legal de la naturaleza, motivando una explicación del concepto de legitimación y su evolución conceptual a favor del medio ambiente.

Es espacio sirvió para hacer consultas interesantes sobre elementos prácticos que integran los procedimientos legales inherentes al medio ambiente, señalándose casos como la captura de tortugas, el tratamiento de los bienes públicos como el agua el aire, la biodiversidad y su representación legal.

 

 

Imagen de Pexels en Pixabay

Conclusiones

Se hace una explicación clara de los logros procesales que han obtenido en la implementación del acuerdo de Escazú como llegarse de pruebas, revertir la carga de la prueba, eliminar barreras de acceso a la justicia, aterrizar los principios del derecho ambiental y derechos humanos y reinterpretar las reglas procesales al tenor del acuerdo de Escazú y del medio ambiente como los efectos de un amparo que logro detener la construcción de un desarrollo de interés social en un predio cercano a una área natural protegida.

 

Escrito por Leonel Becerril Valdés, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Datos iniciales para contextualizar 

La información disponible en relación con la producción forestal en México, la deforestación, la cobertura vegetal, entre otros, es ambigua. A lo largo de los años se han usado diversas metodologías para generar la información respectiva, lo cual en términos del análisis de políticas públicas se traduce en una falla de mercado al ser un problema de información.

Una de las causas la atribuimos a los diferentes tecnicismos presentes en el sector, no es lo mimos hablar de vegetación forestal a superficie arbolada a ecosistemas forestales.

Sin embargo, de los datos disponibles se pueden resaltar algunos puntos de los cuales parece no haber duda:

1. En relación con superficies:

• La superficie continental del territorio mexicano es de 196,018,900 de hectáreas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2023)
• Tal como se reporta en el Sistema Nacional de Información Forestal, el 70.6% del territorio mexicano está cubierto con vegetación forestal, es decir, 138.7 millones de hectáreas. (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR] , 2023)
• La superficie forestal arbolada es de 66.7 millones de hectáreas, (CONAFOR 2023) que equivalen a 34% del total del territorio.

1. El sector forestal tiene una presencia mínima en el PIB, por lo que la importancia del sector forestal es escasa, ya que sólo representa el 0.59% del PIB Nacional. (Georgel Moctezuma López, 2023)
2. La deforestación va en aumento. Del periodo 2001-2021 se han perdido 208,850 hectáreas anuales en promedio (CONAFOR, 2023)

 

Imagen PIB Forestal

 

En las siguientes imágenes se puede apreciar la extensión y distribución potencial de los ecosistemas en México, junto con la extensión y distribución actual de los ecosistemas al 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes obtenidas de: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ecosistemas/files/EcosistemasMx_extensionDistribucion.pdf

 

Marco jurídico

El sector forestal cuenta con un acervo legal extenso.

Desde 1926 a 2003 se emitieron 7 leyes (sin contar las reformas), lo cual refleja el interés por los gobernantes en incidir en el sector.

 

Conforme se emitían nuevas leyes, se fue construyendo el andamiaje legal e institucional, hasta evolucionar a la estructura actualmente prevista en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el año 2018.

Es preciso destacar la definición que se establece en la citada ley en la fracción XXI del artículo 7, en relación con el Desarrollo Forestal Sustentable:

“Proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector”

 

En esta definición están presentes las tres esferas de la sustentabilidad, vinculándolas con indicadores relacionados con las mismas:

• La económica, al señalar que es un proceso que busca alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales.
• La ambiental, al establecer que esta productividad no debe comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales.
• Y la social, al mencionar que busca una mejora en el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad, la generación de valor agregado en las regiones forestales, la diversificación de alternativas productivas y la creación de fuentes de empleo, puntos que se vinculan nuevamente con la perspectiva económica.

Por otro lado, al ser una ley general, distribuye competencias entre la Federación, los Estados y los Municipios; así mismo, señala a las autoridades encargadas, principios, los instrumentos de la política forestal, entre otros puntos, de los cuales nos podemos dar una idea general al ver su estructura:

 

Políticas relacionadas con el sector

En un artículo publicado por Miguel Caballero Deloya, se muestra una interesante visión respecto de las tendencias política del sector, el cual podemos resumir en la siguiente imagen. (Deloya, 2022)

Información forestal

Actualmente, contamos con el Sistema Nacional de Información Forestal, plataformas en donde se registran los datos relacionados con la zonificación forestal e indicadores, al cual se puede acudir para ver temas como los que se muestran a continuación: https://snif.cnf.gob.mx/

 

 

Al estar la definición de Desarrollo Forestal Sostenible vinculada a indicadores, esta herramienta nos será de utilidad para verificar si estamos en camino de lograr los objetivos planteados.

Adicionalmente, en este sistema encontramos información que es relevante para reforzar el contenido de los siguientes apartados, en especial, llaman la atención los siguientes datos:

La realidad

“México es uno de los 10 países con mayor superficie de bosques primarios y en su territorio se registran todos los tipos de vegetación natural conocidos” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2023)

Aunque se haya legislado de forma constante y no obstante México tiene un potencial forestal muy interesante, la producción forestal no ha despuntado y la deforestación aumenta cada año.

Sin embargo, actualmente contamos con el Fondo Forestal Mexicano que es un instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados. Adicionalmente, existen diversos apoyos y se ha impulsado el pago por servicios ambientales.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=7dwfyC8BnnY” title=”Pago por servicios ambientales “]

 

Manejo Forestal Comunitario 

Relacionado con la sección de información, se destaca la relevancia de los núcleos agrarios y población indígena para el sector y, por ello, hay que visibilizar la existencia de proyectos muy alentadores. 

Tal es el caso de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI) en el estado de Oaxaca, creada para gestionar y manejar los recursos forestales de sus territorios y que les ha permitido por más de 30 años ser un ejemplo de cohesión social y manejo sustentable de sus bosques.

 

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=A4Pknda_TQg” title=”Manejo Forestal comunitario “]

Otras realidades 

Estos esfuerzos comunitarios son un reflejo de lo que podemos ver en Finlandia, una potencia forestal cuyo éxito, entre otros factores, es que se le atribuye un claro valor a los bosques, su protección y su potencial. Para ahondar en la información del esquema finlandés, recomendamos el siguiente artículo:

https://finland.fi/es/neegocios-amp-innovacion/el-bosque-base-del-comercio-finlandes/

Sigamos atentos a este sector y a las tasas de deforestación, ya que contamos con un patrimonio natural de relevancia a nivel mundial. Impulsemos acciones, como el manejo comunitario, para que la sustentabilidad no se quede solo en el nombre de las leyes y se convierta en una realidad.

Escrito por Cristina P. Sánchez Juárez H., Directora del área de Derecho Ambiental y Política Pública.

“Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente”

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Referencias

Comisión Nacional Forestal [CONAFOR]. (23 de octubre de 2023). Sistema Nacional de Infomación Forestak. Obtenido de https://snif.cnf.gob.mx/

Comisión Nacional Forestal [CONAFOR]. (23 de octubre de 2023). Data bosques. Obtenido de https://databosques.cnf.gob.mx/inicio/

Comisión Nacional Forestal. (23 de octubre de 2023). Data bosques. Obtenido de https://databosques.cnf.gob.mx/inicio/

Deloya, M. C. (2022). Metamorfosis de la política forestal mexicana contemporánea y su impacto en el sector forestal. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 73.

Georgel Moctezuma López, C. A. (23 de octubre de 2023). Redalyc. Obtenido de PIB Forestal: https://www.redalyc.org/journal/141/14156175010/html/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (23 de octubre de 2023). Extensión territorial. Obtenido de https://www.cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx

Naturales, S. d. (28 de 11 de 2023). Bosques de México, riqueza forestal y biodiversidad. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/bosques-de-mexico-riqueza-forestal-y-biodiversidad?idiom=es

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (28 de 11 de 2023). Bosques de México, riqueza forestal y biodiversidad. Obtenido de https://www.gob.mx/semarnat/articulos/bosques-de-mexico-riqueza-forestal-y-biodiversidad?idiom=es

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente (SEMARNAT, 2018), por lo que atiende al principio de prevención como un instrumento preventivo.

¿Cómo está regulado el PEIA?

El Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) en México, se encuentra regulado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), instrumento jurídico marco, con el objeto de contribuir a cumplimentar lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo quinto señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Sumado a lo anterior, se cuenta con el correspondiente Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), asimismo, el PEIA también se rige mediante el principio 17 de la Declaración de Río, ya que es un Tratado Internacional del cual México es parte y debe cumplir.

¿Quién implementa el PEIA?

El (PEIA) es el procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) establece los términos y condicionantes, a través de los cuales las obras y actividades que pueden causar un desequilibrio ecológico podrán ejecutarse.

En el artículo 28 de la LGEEPA se definen cuáles son las obras y actividades que deben someterse a este procedimiento a nivel federal.

Es importante tomar en consideración que, la evaluación de impacto ambiental no es solo una herramienta técnica, sino una parte esencial de la gobernanza ambiental y la toma de decisiones informadas (Hardisty, 2010).

¿Quiénes participan en el PEIA?

Los principales actores en el PEIA son los promoventes (sector público o privado) de los proyectos, la DGIRA como autoridad evaluadora, otras Autoridades u Organismos de Gobierno Federal y Estatal que dan opiniones sobre los proyectos, Centros de Investigación o Universidades que opinan sobre los proyectos, consultores y la sociedad en general.

Cada uno de ellos aporta insumos e interviene en el PEIA, siguiendo los lineamientos establecidos en la LGEEPA y en el REIA, lo anterior con el objeto de que la DGIRA emita las resoluciones administrativas correspondientes de manera fundada y motivada, mediante las cuales autorice, autorice de manera condicionada o niegue un proyecto.

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en el PEIA?

Existen varios mecanismos de participación ciudadana en el PEIA que permiten a las comunidades y a los individuos afectados expresar sus opiniones, inquietudes y propuestas relacionadas con los proyectos que se están evaluando.

Estos mecanismos son los siguientes:

• Consulta pública: la LGEEPA establece que los proyectos sujetos a EIA deben someterse a un proceso de consulta pública. Durante esta etapa, se brinda información sobre el proyecto y se permite a la ciudadanía expresar sus comentarios, preocupaciones y sugerencias. Esta consulta puede llevarse a cabo mediante audiencias públicas, mesas de diálogo u otros formatos que faciliten la participación de las comunidades locales.
• Información pública: las autoridades ambientales están obligadas a proporcionar información sobre los proyectos y los estudios de impacto ambiental a la ciudadanía. Esto permite que las personas interesadas accedan a los documentos relevantes y comprendan mejor los posibles impactos ambientales y sociales de los proyectos en evaluación.
• Reuniones informativas y talleres: en algunos casos, se llevan a cabo reuniones informativas y talleres específicos para informar a la comunidad sobre el proyecto y fomentar la participación activa. Estas reuniones proporcionan una plataforma para que los ciudadanos expresen sus preocupaciones y planteen preguntas directamente a los responsables del proyecto y a las autoridades ambientales.

 

Créditos de la imagen: Rosalba López González.

Conclusiones

Es importante destacar que estos mecanismos de participación ciudadana deben ser inclusivos y transparentes, permitiendo el acceso a la información y garantizando la representatividad de las comunidades afectadas. Además, se espera que las autoridades consideren seriamente los comentarios y las preocupaciones planteadas por la ciudadanía durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Escrito por Rosalba López González, estudiante de la Maestría en Derecho Ambiental y Política Pública.

«Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Universidad del Medio Ambiente»

 

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Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (última reforma de 18-11-2022), Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917, pp. 149-151 (Mex.). En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Hardisty, P. E. (2010). Environmental assessment and management in the oil industry: A Mexico case study. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 12(03), 309-329.

SEMARNAT. (2018). Definición y objetivo de la evaluación del impacto ambiental. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/definicion-y-objetivo-de-la-evaluacion-del-impacto-ambiental.